Miércoles, 20 agosto , 2014
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Pando

Reses muertas yacen en una zona anegada, durante la última época de lluvias en el oriente Bolivia. Foto: El Diario

El efecto en la economía el 2007- 2008 representó alrededor de 4% del PIB. 

(Ismael Luna Acevedo, El Día).- Mientras el Gobierno, los sectores productivos agrícolas, ganaderos y  conjuntamente las gobernaciones y municipios del país se encuentran todavía en tareas de atención de emergencias y en proceso de cuantificación de daños como consecuencia de las lluvias e inundaciones, el impacto en la economía, día que pasa, va sumando más cifras y pérdidas, sobre todo en el sector pecuario y en menor proporción en la parte agrícola. Según expertos, la situación podría ser mucho mayor al 2008, donde a consecuencia de los desastres naturales el país perdió cerca de 550 millones de dólares, representando hasta un 3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

“El costo económico total (directo e indirecto) de estos desastres fue de $us 443 millones en 2006-2007 y de $us 547 millones en 2007-2008. Estos montos representan entre el 3 y 4% del PIB”, sustentó, Marcelo Higueras Saavedra, experto en Recursos Naturales.

Además, en el caso específico del departamento del Beni, alrededor de 118.000 personas (27% de la población), fueron afectadas durante el 2008, casi tres cuartas partes del territorio sufrió inundaciones. Los daños en infraestructura, causados por los desastres naturales fueron de $us 204 millones ($us 44 millones en caminos, $us 89 millones en agropecuaria y $us 71 millones en viviendas). Esas cifras representaron las más altas que en el resto del país.

Cifras preliminares actuales. “Aún estamos en proceso de cuantificación de los efectos y pérdidas que nos ha dejado las inundaciones en el Beni y el resto del país”, respondió Víctor Hugo Vásquez, Viceministro de Desarrollo Rural y Tierras.

Sin embargo, para Mario Hurtado, Presidente de la Federación de Ganaderos del Beni (Fegabeni), las cifras preliminares de pérdidas hasta este fin de semana ya superaron las 450 mil cabezas de ganado muertas, un 13,8% de los 3.250.000 reses con que cuenta el hato ganadero beniano.

Además se destaca que han sido afectadas siete provincias de las ocho que tiene,  con 16 millones de hectáreas inundadas en 11 de sus 19 municipios. “Esto no ha terminado, todavía seguimos en plena inundación. Por lo menos eso representa 270 millones de dólares en pérdidas, cuya rehabilitación demandará  otros tres a cinco años con una inversión aproximada de 250 millones de dólares”, precisó Hurtado a requerimiento de El Día.

El Presupuesto General del Estado para 2014 es de $us 28.000 millones, por lo que el impacto sobre las arcas del estado sería mínimo, dice Jimmy Osorio, economista. “El sector agropecuario aporta al PIB alrededor del 13%, pero según informes del Gobierno central, la afectación a dicho sector fue de alrededor del 0,5% en ganadería y 1,2% en cultivos”, puntualizó.

Asimismo, también los cambios climáticos afectan al transporte, construcción, hotelería y otros con menor incidencia en el PIB. “En consecuencia, mientras el cambio climático afecte de manera directa a sectores económicos con mayor incidencia en el PIB, la afectación será correlacional”, argumentó Osorio.

Desde el Gobierno. El pasado viernes, Luis Arce Catacora, Ministro de Economía y Finanzas Públicas, adelantó que para la recuperación de los daños por inundaciones en el Beni y el resto del país se requerirán, según cálculos preliminares de dicha instancia gubernamental,  invertir entre 100 y 150 millones de dólares en las tareas de rehabilitación de las zonas afectadas por las lluvias e inundaciones solo por este año. “Aún no se acabó de hacer la evaluación, pero queda claro que van a rebasar los 100, 150 millones de dólares en inversión adicional para este programa de rehabilitación”, enfatizó Arce, a tiempo de aclarar que esos recursos serán inyectados al margen del presupuesto de inversión pública que para este año es de $us 4.400 millones, explicó que esa inversión adicional tendrá “un efecto fuerte” en la economía nacional porque repercutirá en la reconstrucción de escuelas, construcción de viviendas y reparación de caminos.

Sin embargo, aclaro que el impacto en la economía del país con relación al PIB actual no sería significativo. “No se espera dentro del PIB 2014 un efecto fuerte”, puntualizó.

El economista Armando Méndez señaló que el impacto de las inundaciones del Beni es demasiado significativa para el capital productivo y ganadero del país. “Es una situación que se va a reflejar en los próximos meses; por las grandes pérdidas económicas con un costo nacional y con una disminución de la producción. Eso implicará rediseñar una inversión pública para todo esto”, apuntó.

Las razones del azote del clima. El cambio climático y las represas brasileñas son mencionadas como causantes de la gran inundación en Beni. En el primer caso, si bien el país ha avanzado en procesos normativos, los efectos del cambio climático han sido significativos para la economía del país sobre todo en los últimos 7 años donde las lluvias (desborde de ríos, inundaciones), las sequías y otras atenuantes de la naturaleza han mermado de manera “extraordinaria” las arcas del Estado.

Según los expertos, la preocupación es que el Estado no dispone de condiciones óptimas y menos oportunas como son los sistemas de alerta temprana, instrumentos logísticos para gestión de riesgo y menos de planes que impliquen disponer de recursos sostenibles en el tiempo para mitigar los efectos naturales.

“Estas son tareas estatales. El Estado es el único llamado para afrontar estos desafíos y prestarle mucha atención y eso implicará insumir gastos. Lamentablemente, en el país andamos muy rezagados en todo lo que se refiere a la mitigación. Sino que seguiremos teniendo una repercusión económica”, precisó Méndez.

En tanto, el experto Higueras señala que seguimos siendo un país extremadamente jurista y poco operativos en la práctica. Cita por ejemplo que están vigentes normativas como: Ley de Derechos de la Madre Tierra, Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, Ley de Medio Ambiente, Ley de para la Reducción de Riesgos, proyecto de Ley Atención de Desastres Naturales, (aprobado por el Senado)  entre otros.

“Continuamos con una percepción de atención espontánea, post evento y hasta ahora no hemos asumido políticas preventivas y de gestión,  por el pensamiento tradicional de movilizarse después de los sucesos y no asumir medidas de prevención. Sin embargo, la Gobernación de Santa Cruz, el municipio de La Paz y algunos municipios de Tarija tienen un plan de Cambio Climático en implementación”, puntualizó.

En cambio, Osorio hace mención que el gasto público de Gobernaciones y Municipalidades con respecto a la gestión de riesgos no pasa del 2% del total de su inversión, esto debido a que este tipo de gasto es elegible y no así obligatorio. “El gasto en gestión de riesgos, va ligado a la reconstrucción o rehabilitación no así a la prevención. En consecuencia de no adoptarse políticas básicas, como destinar un porcentaje obligatorio del gasto de gobernaciones y municipalidades a la gestión de riesgos, la afectación al desarrollo nacional irá en aumento”, advirtió.

Apuesta
Los sectores productivos por un plan estratégico

Diseño.  Según Julio Roda, Presidente de la CAO, mediante la presencia de un experto que llegó del Brasil se viene desarrollando un plan estratégico para afrontar de manera preventiva las futuras inclemencias del tiempo. El objetivo es mitigar y minimizar que los desastres sean de magnitud como lo que viene sucediendo en el departamento del Beni.

Repoblamiento. Si bien los datos que dejaron los desastres en el Beni,  los ganaderos y los municipios involucrados en el desastre natural ya desarrollaron los primeros acuerdos con el Gobierno, cuya inversión inicial será de 30 millones de dólares para repoblamiento ganadero. Según este sector se tiene previsto desarrollar la compra de vientres y crías (vacas y terneros) traídos del Brasil en los próximos meses.

Financiamiento. Por su parte el Gobierno, en lo inmediato para atenuar las pérdidas de las poblaciones benianas anticipó un financiamiento en condición de créditos blando por un monto de 50 millones de dólares. Sin embargo, Fegabeni apuesta a un financiamiento de $us 250 millones y otros $us  100 millones para rehabilitar el repoblamiento ganadero.  El Gobierno dice que pasó el momento “crítico”, cuyo acuerdo con los ganaderos por ahora pretende  el abastecimiento normal de alimentos.

Procesos
La autonomía  de los gobiernos subnacionales

Urgencia. Los analistas coinciden que los planes de prevención de riesgo y alerta temprana deben ser asumidos a partir de las autonomías municipales y gobernaciones.
Los gobiernos autónomos debieran ser responsables  primero de políticas de prevención y gestión de desastres como de contingencia y la creación de instancias de alerta temprana con los sistemas que implica para su funcionalidad eficiente.

Vulnerabilidad.  Según el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) en su mapa de vulnerabilidad alimentaria los municipios del país fueron clasificados en tres grupos: 90 municipios son considerados  de baja vulnerabilidad alimentaria La mayoría están en valles mesotérmicos y tierras bajas de Santa Cruz, Chaco de Chuquisaca y Tarija, Norte del Beni y La Paz. En tanto 109 municipios son de vulnerabilidad media, en  zonas de cabecera de Valle, pie de Cordillera, buena parte de Cochabamba, Pando y Chaco cruceño. Y 112 municipios de alta vulnerabilidad sobre todo en la zona de la Cordillera y Altiplano Sur.

Punto de vista

“El gran desafío es cómo administrar estos riesgos”

Roberto Laserna
Economista de la Fundación Milenio

‘No es cierto que Bolivia no contribuya al deterioro ambiental, lo ha hecho y lo está haciendo, sobre todo mediante la deforestación y el uso de tecnologías extractivas en la agricultura, la ganadería, la minería, y en la mala utilización de los carburantes y los deshechos urbanos. El PIB es una medida de actividad económica que no toma en cuenta estos costos y, por el contrario, puede resultar alentando el daño ambiental al ignorarlos, dándonos la ilusión de que nuestra economía crece cuando lo que en realidad hace es consumir riqueza de largo plazo, sin reponerla.

La mayor parte del Beni está en llanuras inundadizas. Esto lo saben todos y no es un tema reciente. Este es un riesgo que todos conocen y, de hecho, asumen. El gran desafío está en administrar estos riesgos, preparar medidas que los reduzcan y salvar los beneficios de un año para compensar las pérdidas de otro. La responsabilidad principal de diseñar este tipo de políticas corresponde a los empresarios. El Estado podría coadyuvar con políticas adecuadas pero no puede ni debe asumir toda la responsabilidad de hacerlo.

Bolivia fue de los primeros países en contar con una Ley de Medio Ambiente y el primero en incorporar el paradigma de desarrollo sostenible en sus planes de largo plazo. En los últimos años esa institucionalidad ha sido debilitada. Sus críticos no han podido reemplazarla y, más bien, han abierto las puertas a proyectos como el Tipnis’.

“Ya se ha firmado un acuerdo con el Gobierno para la compra de animales. Hay mucho trabajo que debemos encarar con el Gobierno. Para ello necesitamos crear sistemas de alerta temprana y de prevención”.

Julio Roda
Presidente  De La Cámara Agropecuaria Del Oriente

Las lluvias fueron las más intensas de los últimos 50 años. Eso duplicó la acumulación máxima de caudal de ríos” amazónico. En el occidente y sur del país vamos a tener temperaturas más bajas de lo habitual”.

María René Pinto
Experta de  la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema).

Link: El Día

Ayer el presidente Evo Morales participó de la entrega de vehículos para la Red de Salud de Caraparí (foto), hoy estuvo en Tarija/ABI
Ayer el presidente Evo Morales participó de la entrega de vehículos para la Red de Salud de Caraparí (foto), hoy estuvo en Tarija/ABI

(Carlos Corz, La Razón).- El Gobierno promulgó tres leyes que aprueban contratos de préstamo por 276,7 millones de dólares para diferentes obras de infraestructura caminera, energía eléctrica y de salud para la ciudad de El Alto.

El Estado firmó un contrato de préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF)-Banco de Desarrollo de América Latina por 94.889.536 dólares para financiar parcialmente la construcción del proyecto Hidroeléctrico San José. La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) asume, mediante ley 507, el repago de la deuda.

Otra de las leyes promulgadas también autoriza el préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF)-Banco de Desarrollo de América Latina por 138.850.000 dólares para la el proyecto carretero Porvenir-Puerto Rico, en el departamento de Pando.

Una tercera ley aprobada el 25 de febrero viabiliza un préstamos de 43.000.000 de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el proyecto Mejoramiento del Acceso a Servicios de Salud en El Alto.

El parágrafo 8 del artículo 158 de la Constitución Política del Estado establece que la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene como función “aprobar leyes en materia de presupuestos, endeudamiento, control y fiscalización de recursos estatales de crédito público y subvenciones, para la realización de obras públicas y de necesidad social”.

El parágrafo 10 fija que el Legislativo debe aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado y autorizar a las universidades la contratación de empréstitos.

Lenny Valdivia, directora de ASFI. Foto: Los Tiempos
Lenny Valdivia, directora de ASFI. Foto: Los Tiempos

El Diario.- La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Lenny Valdivia, informó ayer que las entidades de intermediación financiera del país evalúan la suspensión de cobros de créditos por seis meses a prestatarios que han sido afectados por los desastres naturales en varios departamentos.

Explicó que esa tolerancia de pago se empezará a computar a partir del 31 de enero hasta el último día de julio de este año, aunque semanas atrás sostuvo que la evaluación será posible una vez que bajen las aguas y se pueda verificar en el lugar la pérdida de cultivos, ganado y la infraestructura productiva.

La autoridad dijo que esta resolución beneficiará a los departamentos del Beni, Cochabamba, Pando, Chuquisaca, La Paz y Potosí. Explicó que independientemente de ser del sector ganadero, transporte o de la micro pequeña empresa son para todas aquellos prestatarios del sistema financiero que han sufrido la pérdida de sus bienes por causas de fuerza mayor y que ahora se encuentran en una situación difícil, lo que podría impedir la amortización de sus acreencias.

“Esta resolución que se ha emitido es producto de las reuniones que hemos sostenido con las autoridades de sistemas financiero, asimismo con organizaciones sociales, gobiernos municipales tanto del norte de La Paz, del Oriente, de Sucre y San Borja”, declaró la Valdivia.

Agregó que la resolución se sustenta en que los bancos, fondos financieros privados, cooperativas de ahorro y créditos abierto, mutuales de ahorro y vivienda tienen la obligación de suspender las acciones de cobro extrajudicial o judicial de todos los créditos vencidos a acreedores que han sido afectados por las lluvias.

Asimismo, en segundo término, dijo que se realizará una evaluación caso por caso de cada prestatario para ver en qué medida se ha producido la afectación para su pago y también para ver si están en la posibilidad de pagar el 100% de la cuota mensual de amortización o esté en condiciones de pagar solo el 50% o incluso que no esté en situación de no tener capacidad para cumplir sus obligaciones.

“Esta evaluación no se puede hacer por sectores, sino que es un tratamiento individualizado, porque depende de la situación de cada familia. Este tipo de medidas está destinado para aquellos prestatarios que realmente han sido afectados por los desastres naturales. No podemos pretender beneficiar con estas medidas a quienes no presentan esta situación”, declaró.

La autoridad explicó que el diferimiento de las cuotas de amortización no es una condonación, ni total, ni parcial de las deudas, tampoco una reprogramación, sino que es un período de tolerancia excepcional para el cobro del capital e interés, debido a que el tema no es competencia de la ASFI sino de las entidades financieras. Además señaló que para el diferimiento de las cuotas, no se necesita ninguna norma o resolución, sino que deviene la determinación por causa mayor relacionada con la situación adversa que está afectando especialmente al sector productivo.

Asfi revela que sectores buscan beneficiarse de pausa financiera sin estar damnificados

(ANF).- La directora Ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Lenny Valdivia, reveló que hay sectores sociales que pretenden beneficiarse de la pausa en el pago de las tasas de interés y capital que fue dispuesto para los prestatarios afectados por los desastres naturales.

Los prestatarios damnificados que consideren que las entidades financieras no quieren beneficiarles con la medida, deberán denunciar este hecho ante la entidad reguladora.

La Asfi emitió el mes anterior una Resolución Administrativa 076/2014 que dispone que las personas que fueron afectadas por los desastres naturales, se beneficien con la suspensión del pago de sus deudas e interés por el lapso de seis meses en las entidades financieras.

Links: ANF / El Diario /

Audio: Patria Nueva

En 2013, el país importó más de 1,4 millones de equipos de computadora. En la pasada gestión HP vendió 40 mil unidades de portátiles.

(Ernesto Estremadoiro Flores, El Día).- Las ventas de las computadores de escritorio cayeron hasta un 50 por ciento, en Santa Cruz. Estas máquinas fueron desplazadas por portátiles, más solicitadas por los clientes, indicaron los comerciantes mayoristas y minoristas de este producto.

Por otro lado, el precio de ambas herramientas cayó entre un 20 y 50 por ciento, respectivamente. Por ejemplo, una computadora, HP con procesador Intel core i3 que se encontraba en el mercado hasta 620 dólares, ahora está a 430. “Hay mucha competencia por eso los precios han bajado”, indicó Mariela Coria, distribuidora minorista de computadoras, del comercial Chiriguano.

De acuerdo a datos del INE, Bolivia en importación legal de computadoras generó en 2013 un movimiento económico de 60.702.521 dólares. En volumen, se importaron 1.413.893 de estos artefactos el año pasado.

Las computaoras de escritorio (PC) pasan de moda

Desde hace más de un año, Juan Carlos Quintana, de la tienda Compation, dejó de comercializar PC. Según el comerciante y experto en este tipo de herramientas, el mercado de las portátiles creció porque permite al consumidor “el ahorro de tiempo y dinero”.

“Por ejemplo, en el tema de la PC, si un estudiante de la universidad tiene que hacer una tarea y no  cuenta con una portátil se complica su labor”, señaló el experto.

Por eso “ahora hay poca gente que compra computadoras de escritorio porque las portátiles son más prácticas”, complementa Mariela Coria, comerciante de computadoras  del comercial Chiriguano.

Otra de las ventajas es que la mayoría de las tiendas comerciales dan hasta un año de garantía por la compra (por las PC solo dan hasta tres meses).  A esto se suma, que al ver mucha oferta, tanto legal como ilegal, algunas tiendas han bajado los precios entre un 30 y 40 por ciento.

“El precio ha bajado mucho, casi la mitad. Ofrecemos garantías y dependiendo del proveedor damos regalos”, afirma Ermelinda Cuéllar, distribuidora de marcas como Sony y HP.

Por ejemplo, en el mercado se halla marcas HP, Toshiba, Dell, Sony Vaio, ACER,  con precios que van desde los 430, 700, 900 y hasta un máximo de 1.500 dólares, dependiendo del modelo y la capacidad de almacenamiento.

“Una HP nueva Cuore 5 está hasta 690 dólares. Tiene garantía de un año, cuenta con buen disco duro, con lectores de huellas digital y pantalla táctil. Se pueden crear hasta 5 cuentas y tiene reproductor de blue ray, por lo que se ahorra la compra de este producto”, explica José Guiseppe Camino,  de la tienda Inn Vatech

HP la más demandada

A la hora de hablar de marcas, según distribuidores mayoristas y minoristas consultados, HP lleva ventaja con Toshiba, Sony Vaio, Dell, entre otras marcas tecnológicas.

Según el gerente de territorio para Bolivia de HP, Nelson Berellio, esta marca volvió al país desde hace en año y medio.
En este tiempo tuvo un crecimiento del 150 por ciento.

En todo el país logró comercializar cerca de 40.000 notebooks, en el 2013. Para este año la meta es superar el 40 por ciento en crecimiento.

“Bolivia hoy es muy prometedor no solo para HP, sino para las demás, marcas, que están haciendo pie acá. Dejó de ser un mercado chico y marginal para ser un mercado con identidad propia”, señaló el ejecutivo.

Indicó además que en pocos años el mercado tecnológico (IT) boliviano tranquilamente puede llegar a generar cerca de 500 millones de dólares.

“Un mercado de este tipo te llama a invertir e inyectar recursos. Todo mundo está viendo que la economía está bien y eso hace que todas las marcas empiecen a mirar el país”, matizó el ejecutivo.

Hewlett-Packard, más conocida como HP, es una de las mayores empresas de tecnología de la información del mundo, en el país es distribuida por los mayoristas DATEC, DMC, DAHER y Dicobol.

Mercado informal se reduce

Por su parte, Widen Velasco, ejecutivo de la distribuidora mayorista DMC, señaló que el mercado de computadoras creció significativamente en todo el eje central, empujado por la alta demanda de notebook.

“En este momento la diferencia esta  entre 60 (notebook ) y 40 de PC o equipos de escritorios”, dijo.

Añadió que esta alta demanda hace que cada vez, más personas compren en el mercado formal”, señaló el ejecutivo.

25% de los hogares tiene computadora

Según el último Censo de Población y Vivienda, realizado por Instituto Nacional de Estadística (INE) apenas un 25 por ciento de los  hogares del país tiene un computador en su casa.

Otro de los resultados del INE, está relacionado sobre el acceso de la población a las computadoras, o cuántas personas cuenta con esta tecnología en sus domicilios, de un total de 2.797.229, más de 600 mil ciudadanos cuentan con este equipo, es decir que el 23,05 por ciento, mientras que 2.152.535 (76,95 por ciento), no tienen una PC.

Los hogares que tienen computadoras en La Paz llegan a 199.151, en Santa Cruz llegan a 174.840, mientras que en Cochabamba son 119.151 familias con acceso a una computadora.

Según el INE, Pando es el departamento con menor cantidad de uso de computadoras.

Punto de vista

Mario Durán Chuquimia
Activista Tecnológico

“La computadora dejó de ser un bien de lujo’

En Bolivia 24 viviendas de 100 casas tiene una computadora. Entonces lo que la gente está asociando es que la computadora ya dejó de ser un bien de lujo como se lo consideraba hasta hace 10 años, es como decir que tengo un refrigerador, tengo un ventilador.

Por eso el mercado ha reaccionado, dotando equipos bastante económicos ahora. Por ejemplo, ahora un equipo de última generación lo puedes comprar entre 400 o hasta 450 dólares, si te la haces armar, incluso las notebooks, están en ese rango de precio.

Con el tiempo la tendencia es que estos equipos vayan aumentando sus capacidades y vayan bajando los precios en el mercado.

Por eso se abaratan los costos de la nueva tecnología. Lo que debemos preocuparnos, ahora es qué tipo de uso le damos a las computadoras.

En general lo usan de DVD, para hacer una carta, o para navegar por la Internet. Pero las computadoras deberían ser un poco más.  Por ejemplo, para los niños, deberíamos poderles dar un Software que les enseñen hablar otro idioma y que tranquilamente se encuentra en el mercado, que sea una herramienta de aprendizaje.

Link: El Día

int-17130Página Siete.- Vestidos con cascos y guardapolvos, la periodista y el fotógrafo se alistan para un recorrido por la fábrica Princesa, ubicada en la zona Achachicala. La empresa abrirá el próximo mes una planta de avena al sur de Santigo de Chile e inaugurará una oficina en Miami (Estados Unidos).

Princesa participa todos los años en las ferias mundiales de alimentación. Hace un mes estuvo en el encuentro de agricultura ecológica orgánica Biofact en Núremberg, Alemania, explicó el gerente de la empresa, Henry Ruiz.

Tras el interés de continuar exportando, la Sociedad Industrial Molinera (SIMSA), a la que pertenece Princesa, hará la apertura en abril de una planta de avena ubicada en el sur de Santiago de Chile e inaugurará una oficina en Miami, Estados Unidos.

A nivel nacional, la empresa está presente en casi toda Bolivia, salvo en Beni y Pando. Según la gerente comercial de Princesa, Claudia Céspedes, las ciudades troncales donde hay mayor presencia de Princesa son La Paz, seguida de Santa Cruz y Cochabamba.

En 2013, Año Mundial de la Quinua, hubo una demanda creciente para la factoría, porque muchos de sus productos contienen este alimento andino; sin embargo, agregó Ruiz, la especulación de precios ha hecho que el país deje de ser competitivo. “Por ejemplo, Perú está exportando más quinua que Bolivia, ya que la vende a la mitad de precio que el país”, aseveró.

Una alimentación saludable

El olor a cereales impera en la fábrica, allí aún yacen algunos muebles de madera de 1931, año en que se creó esta empresa.

Con el lema Princesa, alimentación saludable, en esta empresa se elaboran productos enfocados a una alimentación saludable. Para que la sociedad boliviana tenga una mejor alimentación, la empresa llevó adelante unos 12 talleres de nutrición a personas que viven en cercanías de la fábrica y a 2.500 socias del Centro de Cultura Popular (CCP) vecinas de la ladera norte de La Paz.

En cada charla, una nutricionista de la empresa explicaba la combinación de alimentos y la importancia de todos los grupos alimenticios. A su vez, la especialista realizó a los hijos de las participantes una antropometría para ver si los niños estaban con el peso adecuado.

La empresa surgió como un emprendimiento de Simón Bedoya, quien quedó huérfano a sus 15 años, cuando vivía en Arequipa, Perú. Fue así que a principios del siglo XX se fue a trabajar de cargador a Guaqui, en la provincia de Ingavi. Ahí observó que por esa región ingresaban diferentes productos, desde harina, medicamentos, hasta velas.

Después de unos años conoció La Paz y empezó a importar harina para hacer su propia empresa. En 1931 implementó un molino, de donde nació la Sociedad Industrial Molinera.

Desde 2008, cuando el 98% de las ventas de SIMSA era harina de trigo, se empezó a elaborar otros productos. Según Ruiz, los diferentes tipos de trigos, que llegan desde Santa Cruz y Estados Unidos, se mezclan y se los deja reposar entre 24 y 72 horas con un 30% de humedad para que la cáscara del cereal se ablande. El trigo pasa por diferentes máquinas para producir el afrecho, germen, sémola y harina.

La avena que llega del sur de Chile también es procesada. Se reposa en agua, luego pasa por un proceso de pelado. Posteriormente se separa su harina, el salvado y la avena limpia, que luego se la cocina, seca y lamina mediante un rodillo.

Recientemente, Princesa combinó la chía con la avena, por tratarse de una semilla rica en ácidos grasos. Su repercusión fue incluso a nivel internacional.

Uno de los países donde más exportan este producto es Canadá, seguido de EEUU, Haití, Alemania y Holanda.

Productos

La empresa maneja cinco líneas, la más importante actualmente es la de avena. A su vez, cuenta con una variedad de cereales dulces (mezcla de avena, trigo, maíz y arroz) que al inicio iba dirigida a un público infantil, y actualmente es para toda la población.

Otras líneas son la variedad de harinas, con la que se ha fundado la empresa; la de los cereales fraccionados, que son la quinua, lenteja, trigo, chía, sémola y la última es la de los muslis, una mezcla de cereales mínimamente procesados.

En abril saldrán al mercado las barras energéticas de quinua y chía para niños, madres y deportistas, entre otros. Se prevé que cada una de ellas costará menos de dos bolivianos.

(ABI).- El gobierno del presidente Evo Morales y la Federación de Ganaderos del Beni y Pando (Fegabeni) acordaron el lunes por la noche la creación de fideicomiso de 30 millones de dólares, al que accederán los productores pecuarios, además de una pausa de 4 años en la verificación del cumplimiento de la Función Económica Social (FES).

‘El primer compromiso es crear un fideicomiso de 30 millones de dólares, al que los ganaderos accederán en las condiciones que se establecerán en el menor tiempo posible’, informó el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana durante una conferencia de prensa en Trinidad.

Asimismo se decidió la reprogramación de créditos para la promoción productiva, es decir que el sector pecuario vapuleado por el fenómeno climático, que derivó en inundaciones, recibirá créditos flexibles para reponer sus capacidades productivas.

Otro de los acuerdos es proyectar un Decreto Supremo para una pausa de cuatro años en la verificación del cumplimiento de la Función Económica Social en los predios afectados por la inundación.

También se autorizará a los ganaderos el desmonte, hasta un 10%, de la superficie de sus propiedades en alturas.

Quintana, aseguró que se implementará un proyecto piloto para el seguro ganadero, como sucede con el Seguro Agrario que favorece a los pequeños productores de alimentos.

‘El reconocimiento del ganado al partido se amplia para los contratos de la norma, hasta seis años, en este tiempo los ganaderos podrán acreditar hasta el 50% de este ganado para el cumplimiento de la Función Económica Social’, indicó.

También se estableció un fideicomiso para la importación directa y comercialización de vacunas, a través de Insumos Bolivia, para abaratar costos al sector.

Afirmó que el gobierno nacional cumplirá con la instalación de un matadero y frigorifico industrial, así como la implementación de una planta procesadora de leche y un ingenio azucarero.

‘Estos son los acuerdos a los que hemos arribado el día de hoy, acuerdos que se van a traducir en un Decreto Supremo, seguramente, esta semana’, anticipó Quintana.

Por su lado el presidente de Fegabeni, Mario Hurtado, dijo que en el periodo de emergencia siguen recibiendo ayuda del gobierno en cuanto a embarcaciones (chatas) para el rescate de ganado, además de forraje y medicamentos.

‘Hemos llegado inicialmente a un acuerdo, pero tenemos que ponerlo en limpio, cómo lo vamos a hacer y cuánto vamos a necesitar. Sin eso no podemos seguir adelante’, precisó.

A Quintana acompañaron en Trinidad sus colegas de Obras Públicas, Vladimir Sánchez; de Economía, Luís Arce; de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro; de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo y de Desarrollo Productivo, Teresa Morales.

Diego Ayo

Diego AyoDiego Ayo

Éste es un artículo sobre las nuevas élites económicas emergentes del país. En verdad, estuvo pensado como un conjunto de interrogantes al trabajo, coordinado por Nico Tassi, Hacer plata sin plata, publicado por el PIEB en 2013. Mi intención era dialogar con Tassi y su equipo, a partir de un cuestionario que preparé en octubre del 2013. Lamentablemente, mi solicitud de diálogo no fue aceptada (cuestión de tiempo, alegaron; imagino que es cierto). Por ello, he preferido poner sobre el tapete algunos apuntes que, más que críticas definitivas, son dudas.

Un libro sugerente

Antes de exponer mis dudas, cabe dejar por sentado que el trabajo de Tassi et al. es muy sugerente. Su tesis central destaca el rol de estas nuevas élites económicas emergentes de extracción indígena como portadoras de un encomiable aplomo para salir adelante a pesar de la total falta de apoyo estatal (a diferencia de las viejas élites criollas). Resulta fascinante observar que muchas de ellas tienen un pie en China, otro en Miami, otro en Arica y en regiones del país como Desaguadero, Zona Franca de Cobija y/o Villazón. Son grandes comerciantes con una capacidad de innovar constantemente su actividad. Son parte de lo que se bautizó como “burguesía chola” (etiqueta que los autores de esta investigación no usan).

Arguedas revisitado

Al margen de sus virtudes académicas, no son pocos los aspectos del libro Hacer plata sin plata que provocan dudas. En primer lugar, la mención reiterada de la existencia de ciertas “élites decadentes”, cuyo único aparente mérito habría residido en lucrar del Estado durante más de medio siglo –desde la Revolución del 52– y frente a las cuales se erige un conjunto de élites absolutamente intrépidas que habrían logrado tener el anhelado éxito económico a pesar del Estado. Considero que el concepto de “élites decadentes” suena más a recurso conceptual arguediano –recordemos la noción de “pueblo enfermo”– que a una categoría elaborada con algún respaldo empírico. Cabe mencionar que muchas de esas “élites decadentes” gozan hoy de muy buena salud y que han logrado ampliarse a múltiples actividades lucrativas: nuevas empresas cerveceras (por ejemplo Saya Beer), empresas de servicios de belleza (clínicas de transplante de cabellos como Hair Recovery), ropa de exportación “andina” (por ejemplo Artessano), empresas constructoras desperdigadas por todo el país. Todo esto manejado por esos decadentes ciudadanos. Es decir, en el libro de Tassi et al. faltan datos que podrían tal vez mostrar una imagen más compleja y real, no una caricaturización prejuiciosa.

Creo, más bien, que si “antes” la economía tenía rasgos dominantes monoétnicos (de esa casta criolla que se cita como decadente), hoy la realidad no es nuevamente monoétnica, aunque aymara, como parece querer demostrar el trabajo. No, lo que creo es que la cosa se ha vuelto pluriétnica: sociedades anónimas entre aymaras y criollos, por ejemplo, pero no de supremacía de algunos audaces frente a otros en retirada. Creo que la dicotomía entre élites criollas decadentes y élites aymaras e indígenas audaces no sólo es inexacta, sino peligrosa. Evita visualizar la verdadera contradicción existente, que es de clase: entre aquellos ricos y aquellos pobres, sean de la extracción socioétnica que sean.

El capitalismo “indígena” es, ante todo, un capitalismo

Es sin duda justo que la investigación de Tassi et al. destaque el ímpetu de las nuevas élites en ascenso. Sin embargo, al hacerlo, casi evita comprender que este nuevo capitalismo, no obstante su pujanza, no es más benévolo que sus antecesores. Se pasan pues por alto las nuevas formas de explotación, ya suficientemente documentadas. Ya lo prueba una investigación de Carmen Dunia Sandóval y Fabiana Chirinos: los choferes son un sector incuestionablemente explotado. O la elaborada por Alison Spedding, que deja en claro que en el sector cocalero las decisiones finales recaen en ciertas élites campesinas ricas que bien podríamos llamar oligarquías. O la coordinada por Carol Carlo, que visualiza la conformación corporativa del comercio: un 10% de los comerciantes de la Zona Franca de Pando controlan el 60% del total de recursos. O la que dirigí yo y que prueba la emergencia de élites locales al calor de licitaciones estatales y municipales no muy transparentes. Son precisiones que el trabajo de Tassi et al. casi pasa por alto y que requieren un análisis. Aunque el desenlace final es conocido: más élites, aunque con otra piel, que no son menos corporativas que sus predecesoras. Y poco cambia: persisten las desigualdades extremas, el incumplimiento de obligaciones públicas (como el pago de impuestos), el menosprecio de los derechos laborales mínimos.

Sobre la supuesta “excepcionalidad indígena”

La investigación arriesga, además, una tesis: identifica un “modelo” económico capilar que sería singular, único. Y precisamente por esta notoria originalidad, categorías clásicas como la de “burguesía” –chola o no– o la de “capitalismo” resultarían inexactas y anacrónicas. Pero puede que las cosas sean menos novedosas.

Hay en esta investigación una vieja insistencia teórica en la supuesta peculiaridad, “asombrosa”, de estas economías. Por mucho tiempo se ha hablado de la existencia de un modelo indígena diferente al capitalismo: socialismo comunitario o economía de la reciprocidad. La que Temple, siguiente a Mauss, llamó “economía del don”, radicalmente diferente a una economía de mercado. Si ésta, la de mercado, es individualista, la indígena es colectivista; si ésta se concentra en la acumulación privada, la indígena apunta a la redistribución; si ésta se organiza desde la explotación, el modelo alternativo lo hace desde la cooperación. De ahí su particularidad. La resistencia a usar categorías clásicas (burguesía, por ejemplo) reproduce, quizás hasta inconscientemente, este sueño de singularidad y alternabilidad económica. Pero frente a tantos ejemplos no de una “economía del don” sino de una indigenización capitalista, resulta poco legítimo insistir en el concepto. Pero Tassi et al. insisten en este esencialismo: los indígenas son “singulares” y, como tales, desarrollan una economía muy diferente a la capitalista, que amerita hasta otro nombre. Esto es un exceso: no creo que sea una economía muy diferente (aunque tenga, como todo capitalismo, detalles absolutamente singurales).

Un correlato necesario: en toda América Latina hay hoy un crecimiento de las clases medias. De cien millones de ciudadanos de clase media a principios del año 2000, hemos pasado ahora a ciento cincuenta millones: un tercio de la población del continente. Si antes los pobres aventajaban en número a los ciudadanos de clase media, en una proporción de 2,5 a 1, hoy la cosa está igualada: 1/3 de clase media, 1/3 de clase media-baja, casi un 1/3 de pobres y un 2% de ricos. O sea: esta nueva movilidad social no es patrimonio de ningún modelo singular y se repite en Perú, Ecuador y México. Tampoco se puede llamar singular a este modelo cuando se observa que lo que ocurre en nuestra economía ocurre en mayor o menor medida en la variada gama de economías que dependen de sus recursos naturales: lo que se ve como algo muy singular en verdad sucede en Nigeria, Bahrein y Venezuela: los comerciantes, transportistas y constructores están en ascenso. Menos novedoso aun es que esas nuevas élites indígenas –aymaras– vivan con un pie en lo legal y el otro en lo ilegal: el péndulo entre lo formal y lo informal es una constancia en la historia del capitalismo (ver, al respecto, la obra reciente de Peter Andreas, Smuggler Nation. How Illicit Trade Made America o Nación de contrabandistas).

Educación y capitalismo indígena

Amerita ser discutida, sin duda, la ponderación de la audacia de estas nuevas élites económicas, que triunfan a pesar de su falta de educación. Se postula la tesis de que este tipo de capitalismo no ha requerido de emprendedores educados y que insistir en la educación es más bien un lugar común para seguir menospreciando lo que verdaderamente existe: élites que se han hecho a sí mismas a pesar de todo, contra viento y marea. Pero ¿acaso no sabemos que la educación fue el motor de la economía en el siglo xx y lo es de la economía hoy? Estados Unidos registró 125 mil patentes de nuevos inventos el año pasado, Corea del Sur más de diez mil, Japón más de 35 mil. El bajo aporte latinoamericano quizá sea un correlato del hecho de que, en el ranking de universidades del mundo elaborado por la Universidad de Shangai, sólo 3 universidades latinoamericanas se encuentren entre las quinientas más renombradas. O que muchas naciones destinen entre el 2 y el 3% de su pib al rubro “ciencia y tecnología” frente al casi nulo porcentaje que destina Bolivia (menor al 1%). En realidad, celebrar los bajos niveles educativos de las nuevas élites es negar lo obvio: que esas élites son parte de un tipo de capitalismo de pies cortos. Su sello es extractivista y es una élite cuyo éxito tiene que ver poco o nada con la superación de los límites estructurales de la economía boliviana –escasa productividad, concentración de la economía en pocos productos y contados mercados, esmirriada articulación de lo transable con lo no transable, persistencia de la desigualdad y bajo crecimiento. Esta élite no es “más de lo mismo”, pero ciertamente no ofrece una alternativa duradera para enfrentar la pobreza.

Conviene tener presente que las élites que hicieron la Revolución Industrial en Inglaterra tampoco tenían educación. En su tiempo, estos burgueses fueron también llamados “ordinarios” por las aristocracias. Y quizás lo eran. Su mérito radicaba más en su valentía que en su formación. Entre las cosas que hacían, según ese valor, hay que recordar el hecho de que navegaban hacia África y ahí secuestraban esclavos; o que explotaban a las poblaciones nativas de múltiples maneras. ¿Hoy lo meritorio sería subirse a un barco con destino a China, desconociendo el idioma, y, una vez ahí, comprar mercadería, para luego burlar las reglamentaciones normativas metiendo productos de contrabando?; ¿es hoy una “audacia” ampliar la “frontera familiar” contratando a los ahijados por paupérrimos salarios?. No hay duda de que en este escenario la educación sobra.

La presencia del Estado ausente

La investigación de Tassi et al. tiene el mérito de cuestionar la rigidez de algunas contraposiciones o binarismos: lo formal versus lo informal, la economía de base ancha versus la economía de base estrecha, lo productivo versus lo no productivo y, sobre todo, lo legal versus lo ilegal. Estas oposiciones sólo tienden a criminalizar o subestimar el polo derecho (lo informal, lo ilegal). La realidad es más compleja. En verdad, las nuevas élites cabalgan entre estos mundos con igual intrepidez, impidiendo separarlas tan tajantemente. En ese sentido, es pertinente rescatar la categoría de “intersticio” económico, que no es sino la capacidad de estas élites de meterse en los márgenes del mercado, desdeñados por las élites tradicionales. Vale decir, ponderar esta versatilidad empresarial es legítimo pues rescata el sentido práctico de estas nuevas élites para desarrollar una lectura atenta y realista de lo que acontece, alejada del mero deber ser.

Pero hay un aspecto cuestionable en este realce: la afirmación de que frente a la orfandad estatal, no quedaba más remedio que nadar en aguas legales/ilegales con una soltura que sólo puede ser encomiable. O que el Estado siempre estuvo ausente y, por tanto, la senda estadólatra típica en las “élites decadentes” –una senda de dependencia estatal– no fue la seguida por estos vibrantes nuevos empresarios, que tuvieron que “ensuciarse las manos” y aprender a hacer indistinguibles las fronteras entre lo legal e ilegal. Considero que este argumento es errado porque el Estado fue decisivo en todos los casos, aunque ciertamente con diversa intensidad.

Lo que hay que discutir, por lo tanto, no es la contraposición simple entre élites estatales (aquellas antiguas y en retirada) de las élites anti-estatales (las nuevas y pujantes), sino el grado y tipo de incidencia estatal. Al hacerlo, describiríamos un abanico más amplio de estatalidad, en un espectro que contemplaría el parto de nuevas élites gracias al dirigismo estatal –por ejemplo a través de subsidios para determinados empresarios estratégicos, como podría ser el caso del bdp–, o gracias al favoritismo estatal –por ejemplo, a través de licitaciones amañadas, como las que abundan en las autonomías–, o gracias a la permisividad estatal –por ejemplo, haciendo la vista gorda en el caso de la venta ilegal de coca o del contrabando de autos chutos–, o gracias a la negligencia y/o corrupción estatal –por ejemplo, el caso de empresas como PAPELBOL o de la mafia enquistada en el Ministerio de Gobierno y dedicada al negocio de la extorsión. En estos ejemplos, la incidencia estatal es variable pero vital y se configura la posibilidad de diversos tipos de capitalismo, pero con un factor en común: en todos ellos lo legal es la excepción. La realidad acaso sea menos difusa, menos entreverada y hasta menos ecléctica de lo que se piensa. No, en verdad, lo real (que los autores de esta investigación eluden) parece ser que este capitalismo “emergente” consolida una hegemonía indiscutible: la hegemonía de lo informal. Es decir, no es lo informal lo que se acopla a lo legal (por ejemplo, un importador de ropa chuta que pide un crédito bancario), sino que lo legal es lo que se abre un pequeño espacio legitimador en el campo hegemónico de lo informal: contratos legales otorgados en función a afinidades ideológicas (aquellos de construcción otorgados a empresas cocaleras), créditos del bdp transferidos a empresarios dispuestos a votar por Evo en la siguiente elección, un tercio de la inversión pública (definida en la Ley Financial) destinada a consolidar empresas públicas que han otorgado más empleos de los que se requiere –caso Huanuni– con el objetivo de “contentar” a un sector corporativo, y un largo etcétera. Todos estos ejemplos demuestran que lo legal se instrumentaliza en función de transacciones informales. Se cumple la ley sólo si ese cumplimiento aceita la maquinaria de la informalidad.

Especulación poco informativa

Más allá de la mención de los 300.000 comerciantes de la Feria del El Alto, no hay datos duros en la investigación de Tassi et al. sobre la contribución de las nuevas élites emergentes a la economía boliviana. No hay dudas de su capacidad de penetrar la economía: son élites que se aventuran una semana en China comprando o encargando productos, luego están en Villazón haciendo pasar vino de contrabando, la siguiente vuelven a La Paz para controlar sus puestos de línea blanca en la Eloy Salmón y una subsiguiente viajan a Cobija o a Miami a traer tablets. Quizá todo esto sea cierto. Pero, en este tema, convendría tal vez salir ya de la anécdota, no obstante su relevancia. Y empezar a definir, así sea especulativamente, el aporte de este sector al pib nacional, los empleos que genera, su aporte a la economía formal y otros detalles estadísticos. (Ya hemos visto que se pueden producir reflexiones sobre, por ejemplo, la economía orgánica, como las realizadas por el pnud, que a pesar de su erudición y pertinencia, se ocupan de una economía marginal: las exportaciones de productos orgánicos no constituyen ni el 3% del total de las exportaciones).

En este caso, el de los que “han hecho dinero sin dinero”, valdría la pena empezar a pedir, más allá de las anécdotas periodísticas, algunos números.

Diego Ayo es politólogo.

Link: Nueva Crónica

ANF/ El País Digital.- El defensor del Pueblo, Rolando Villena y los obispos del oriente pidieron ayer a las autoridades del Gobierno central, declarar zona de desastre departamental a Beni, Pando y La Paz ante la gravedad de la situación que enfrentan miles de familias en estas regiones a consecuencia de las lluvias, inundaciones, riadas y deslizamientos.

La defensoría del Pueblo realizó en días pasados una verificación en el departamento del Beni y según el informe se concluye que la situación es de “extrema gravedad” y que no puede ni “minimizarse ni relativizarse”, ya que una gran parte de los habitantes de las zonas afectadas se encuentran en estado de “vulnerabilidad y afectación de varios de sus derechos”.

Villena sugirió el pedido de suspender las fiestas programadas por carnaval ante la situación que viven miles de personas que sufren las consecuencias de los desastres naturales.

El Arzobispo de la Arquidiócesis de Santa Cruz, monseñor Sergio Gualberti, informó que la solicitud surgió luego de la reunión que sostuvieron los Obispos de esta región.

“Nosotros consideramos que, sí, el Gobierno debería declara como zona de desastre y que no se debería esperar más, hay un clamor que surge de todos los lados, sobre todo es el clamor de los más pobres, de los más necesitados.

El instrumento más fácil y además adecuado a la gravedad. gadura del desastre es declarar zona de desastre porque eso pone a disposición enseguida de todos los medios para poder atender de inmediato y hay que dejar de lado toda clase de intereses”, dijo Monseñor Gualberti.

Monseñor Sergio Gualberti hizo la entrega de una donación de 452.364 bolivianos que serán destinados a la compra de alimentos, medicamentos y vituallas para las familias damnificadas. Los recursos son provenientes de la jornada de solidaridad y las limosnas dominicales.

“Yo me imagino que todos estos pueblos no se van a olvidar tan rápido esa solidaridad y nuevamente muchas gracias en nombre de estos pueblos y estas las personas que en estos tiempos y en el futuro tiene que aliviar sus casas, comunidades, chacos y sembradías estos durará por muchos tiempo”, sostuvo.

En ese sentido Monseñor Gualberti, afirmó que la respuesta de la sociedad civil y religiosa pueda ser seguida con la misma respuesta de las autoridades competentes.

Ayuda. Una persona traslada alimentos que fueron llevados por la Fuerza Aérea a Trinidad. Foto: Daniel Walker, La Razón
Ayuda. Una persona traslada alimentos que fueron llevados por la Fuerza Aérea a Trinidad. Foto: Daniel Walker, La Razón

Rolando Villena pide la declaratoria de zona de desastre para Beni, Pando y La Paz, y apoya la suspensión del Carnaval. El Gobierno lo acusa de hacer política con el desastre.

Ayuda. Una persona traslada alimentos que fueron llevados por la Fuerza Aérea a Trinidad. Foto: Daniel Walker, La Razón
Ayuda. Una persona traslada alimentos que fueron llevados por la Fuerza Aérea a Trinidad. Foto: Daniel Walker, La Razón

La Razón.- La falta de coordinación, desorden, inequidad y duplicidad de esfuerzos son las observaciones del Defensor del Pueblo a la ayuda que dan el Gobierno, gobernaciones y alcaldías a las familias afectadas por las lluvias. Por ello pidió declarar zona de desastre a Beni, Pando y La Paz.

“Creemos que las acciones no son suficientes y no hay la capacidad para enfrentar el problema (…) especialmente si no hay voluntad política para establecer un mando único de coordinación y acción entre diferentes niveles de gobierno”, dijo ayer el defensor del Pueblo, Rolando Villena.

El Defensor, quien entre el 23 y 25 de febrero visitó Trinidad para verificar la situación en la que están las familias damnificadas, aseveró que amerita una declaratoria de zona de desastre a los tres departamentos para que se apliquen medidas y acciones urgentes a favor de las familias.

Similar pedido hizo la Iglesia Católica. El arzobispo de Santa Cruz, monseñor Sergio Gualberti, dijo que la solicitud es de los obispos de esa región.

Ante el pedido de la declaratoria, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, acusó a Villena de hacer política con los desastres naturales y con las familias damnificadas. Aseguró que el Gobierno movilizó hasta la fecha más de 900 toneladas de ayuda humanitaria.

“De un tiempo a esta parte, lo único que hace el Defensor del Pueblo es emitir opiniones políticas y no nos extrañaría que la opinión tenga ese tinte”, afirmó la autoridad. Luego agregó que la ayuda gubernamental “está llegando a los lugares más alejados, donde se registraron emergencias y los mejores testigos son los afectados por las inundaciones, cuyas necesidades son atendidas oportunamente”.

Según el reporte del Defensor del Pueblo, la ayuda que se entrega a las familias es insuficiente y desordenada. “Hemos recibido denuncias y sido testigos que en algunos sitios las provisiones de alimentos, vituallas y agua llegan en mayor cantidad y de manera más frecuente que en otros”, sostuvo.

Explicó que algunas familias reciben ayuda del Gobierno, Gobernación y alcaldías, mientras que otras nada. “Esto evidencia la inequidad, desorden y duplicidad de esfuerzos”.

También indicó que no existe información suficiente sobre el estado de las familias de comunidades indígenas que abandonaron sus hogares sin ningún tipo de ayuda.

Además, Villena respaldó la propuesta del rector de la UMSA, Waldo Albarracín, de suspender las fiestas de Carnaval. “No hay razón para que se dé rienda suelta a una alegría que no podría ser puesta de manifiesto frente al drama y dolor de los hermanos”.

Según el reporte del Viceministerio de Defensa Civil, son más de 60.000 las familias afectadas por las intensas lluvias. Los más afectados son Beni, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz.

Nuevas viviendas

La reconstrucción de 241 viviendas en Rurrenabaque, San Buenaventura y Reyes comenzará a fines de marzo, según el Viceministerio de Vivienda.

Lens analiza procesar a Morales por  incumplir ley

El Gobernador del Beni insiste en pedir la declaratoria de desastre

El gobernador de Beni, Carmelo Lens, declaró que analiza iniciar un proceso contra el presidente Evo Morales por incumplir la Ley 2140 (de Emergencias y Desastres) y no emitir la declaratoria de zona de desastre al Beni, ante la situación crítica de la región por las lluvias.

“La situación continúa siendo crítica y cada día las pérdidas se suman. Beni necesita la declaratoria, cumplir la Ley 2140 y que llegue de forma directa la ayuda internacional, pero el Presidente no escucha, por ello analizamos iniciar un proceso para que se dé la declaratoria”, explicó a La Razón.

El 19 de febrero, el vicepresidente Álvaro García Linera calificó de mezquino el accionar de la Gobernación y alcaldías benianas por no querer usar los recursos que tienen (Bs 500 millones en caja y bancos). “Quieren que el Gobierno se haga cargo de todo y guardar su dinero para la campaña electoral”, afirmó la autoridad.

En Beni, las aguas se quedarán dos meses

Paulo Cuiza - Al menos dos meses tomará para que el nivel de las aguas baje en el departamento de Beni. De acuerdo con reportes médicos, la postinundación podría generar brotes de enfermedades provocadas por el lodo y las aguas contaminadas.

El doctor Eduardo Solares, coordinador de la Red Uno de Salud en Trinidad, explicó ayer que las aguas, alrededor de la ciudad y en las provincias golpeadas por las lluvias y desbordes de ríos, permanecerán al menos dos meses en la región y alertó sobre enfermedades gastrointestinales y males que afecten a la piel que puedan surgir en ese periodo de tiempo.

“Cuando baja el agua queda el barro y el lodo, entonces los niños, jóvenes, mayores y adultos pisan este barro y las enfermedades se van presentando en mayor número que cuando el agua está cubriendo alrededores de la ciudad. Ese lodo que queda está infectado por los restos de las reses y peces que han muerto”, remarcó.

Clima. Ayer se esperaba una lluvia en Trinidad, sin embargo el termómetro registró 28 grados. El nivel de agua en Las Palquitas, donde el 20 de febrero una filtración en el cinturón de seguridad hizo temer una riada, bajó al menos ocho centímetros, según el director del Servicio de Mejoramiento a la Navegación Amazónica (Semena), Lizandro Peñarrieta.

Si las aguas se mantienen a ese nivel o siguen bajando, un posible turbión no afectaría a la ciudad. “Si viene un turbión, proveniente de Santa Cruz en caso de que lloviera, esas aguas recién estarían en la ciudad en 14 días, por lo que no nos estaría afectando dramáticamente”, dijo.

En Trinidad hay al menos 2.000 familias afectadas, entre el área rural y urbana. Según un reporte del Alerta Temprana del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), al menos 13 personas murieron a consecuencia de los desastres naturales.

Las familias permanecen en recintos educativos, campos feriales y deportivos y en las orillas de las avenidas cercanas a la circunvalación. En la Expoferia existen ollas comunes para preparar almuerzo y cena. Cristina Moye, damnificada de Puerto Geralda, dijo que el menú solo consta de arroz, fideo y menudencias de pollo.

El presidente del SIN, Erick Ariñez, ayer en conferencia de prensa. - Apg Agencia
Imagen de archivo: El presidente del SIN, Erick Ariñez, ayer en conferencia de prensa. - Apg Agencia

SIN.- Un total de 3.512 bienes inmuebles embargados en el país podrían ir a una subasta pública, si sus propietarios mantienen una actitud persistente de no pagar las deudas tributarias, según datos actualizados hasta enero del año en curso.

El presidente del SIN, Erick Ariñez, ayer en conferencia de prensa. - Apg Agencia
Imagen de archivo: El presidente del SIN, Erick Ariñez, ayer en conferencia de prensa. – Apg Agencia

El Presidente Ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Erik Ariñez Bazán, aclaró que el reciente Decreto Supremo Nº 1859 establece un procedimiento para el remate de aquellos bienes que sean embargados y anotados en Derechos Reales.

Del total de bienes inmuebles embargados, Santa Cruz ocupa el primer lugar con 40%. Le siguen La Paz (15%), El Alto (12%) y Cochabamba (11%).

Gerencia Distrital %
CHUQUISACA

3%

POTOSI

2%

COCHABAMBA

11%

ORURO

8%

LA PAZ

15%

SANTA CRUZ

40%

BENI

2%

PANDO

3%

TARIJA

2%

EL ALTO

12%

YACUIBA

2%

TOTAL

100%

Ariñez explicó que algunos contribuyentes pueden evitar el remate de sus bienes acogiéndose a un plan de pagos; sin embargo, en caso de incumplimiento podría subastarse determinado bien de manera pública, aplicando el procedimiento.

Aclaró también que cuando una entidad del sector público desea adjudicarse los bienes ofrecidos en dación de pago, la entidad interesada debe cubrir el monto de la deuda tributaria.

El Decreto Supremo Nº 1859, publicado el 8 de enero del año en curso, a la letra dice que modifica el artículo 36 del decreto supremo Nº 27310, de enero de 2004, y reglamenta el procedimiento de remates de bienes embargados por deudas en ejecución tributaria previsto en el Código Tributario Boliviano.

El nuevo artículo señala que los bienes embargados, con anotación definitiva en los registros públicos, secuestrados, aceptados en garantía mediante prenda o hipoteca, así como los recibidos en dación en pago por la Administración Tributaria serán dispuestos en ejecución tributaria mediante remate en subasta pública o adjudicación directa, en la forma y condiciones que se fije mediante norma administrativa.

Asimismo, indica que el remate de bienes se realizará por la Administración Tributaria en forma directa o a través de terceros autorizados para este fin. Los bienes aceptados en dación de pago podrán ser adjudicados en forma directa a entidades del sector público, mediante resolución administración expresa, de acuerdo a la norma administrativa emitida por la Administración Tributaria.