Lunes, 1 septiembre , 2014
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Impuestos

El presidente del SIN, Erick Ariñez, ayer en conferencia de prensa. - Apg Agencia
Imagen de archivo: El presidente del SIN, Erick Ariñez, ayer en conferencia de prensa. - Apg Agencia

Los Tiempos.- El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) analiza la posibilidad de iniciar un proceso penal contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que el sábado pasado declararon inconstitucional la clausura definitiva de negocios que no emitan factura, según declaró ayer el presidente del SIN, Erick Ariñez.

La clausura definitiva de los negocios se encontraba establecida en los artículos 5 y 6 de la Ley Financial (Presupuesto General del Estado 2013), que disponía esta posibilidad cuando el negocio hubiese sido sorprendido por quinta ocasión en evasión de emisión de facturas.

El TCP declaró que esta medida es inconstitucional y recomendó al Ejecutivo elaborar un procedimiento para las clausuras. La disposición provocó el regocijo de pequeños y grandes empresarios, e incluso la Confederación de Gremiales de Bolivia anunció una demanda contra el SIN por resarcimiento por los negocios ya cerrados hasta la fecha.

El presidente del SIN, en cambio, calificó la determinación del TCP como contradictoria porque el Gobierno busca incrementar las recaudaciones impositivas, pero los magistrados emiten un fallo que va en “contrasentido”

“Estamos pensando de manera muy seria iniciar procesos penales contra este tipo de magistrados. Lo vamos a hacer porque no se puede atentar contra los derechos de todos los bolivianos (…) Ya tenemos acá un equipo legal que está haciendo el análisis”, dijo Ariñez, según Anf y Abi.

De los seis magistrados que forman parte del TCP, cuatro votaron a favor del fallo (Soraida Rosario Chávez, Mirtha Camacho y Ligia Mónica Velásquez y Efraín Choque) y dos en contra (Rudy Flores y Virginia Andrade).

Hace dos semanas, la viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos, indicó que en 2013 se realizaron 37.000 operativos a nivel nacional por parte del SIN, que derivó en la clausura definitiva de 10 negocios (0,02 por ciento) por no emitir factura.

Ariñez aseguró que la administración tributaria continuará con los trabajos de fiscalización de las actividades económicas para que emitan factura y la clausura de los infractores hasta 48 días.

La presidenta de los microempresarios, Martha Gómez, advirtió que si el SIN continúa con la clausura definitiva de los negocios su sector iniciará un proceso por daños y perjuicios. Agregó que se enviarán copias del fallo constitucional a la Vicepresidencia y al Ministerio de Economía y Finanzas.

“No sería muy prudente”

El abogado constitucionalista, José Antonio Rivera, explicó que se puede procesar a un magistrado de la TCP a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), aunque él no ve prudente que se resuelva de esa manera. “El Tribunal Constitucional Plurinacional es la última autoridad en materia constitucional y sus fallos son impugnables. Si cada persona que se sienta afectada por un fallo constitucional presenta un proceso penal, ese tribunal no va a gozar de legitimidad ni de tranquilidad”, dijo.

Esto, sin embargo, no quiere decir que el magistrado sea infalible ni esté exento de responsabilidad. Como los magistrados gozan de fuero, la Ley 044 prevé que la persona afectada haga su denuncia ante la Cámara de Diputados, la cual a través de sus comisiones y comités, investiga y si hay lugar a acusación, la Cámara de Senadores se constituye en Tribunal de Sentencia para el juicio oral. Pero el fallo constitucional ya está emitido, es la decisión última, y no se pueden presentar más recursos, explicó Rivera.

Radio Fides.- La Confederación de Gremiales de Bolivia manifestó en los últimos días su disconformidad con la actuación del Servicio Impuestos Nacionales (SIN) en cuanto  a las clausuras que ya efectuó durante este 2014. En ese marco, los gremiales del Beni anunciaron bloqueos y cierres de mercados para el próximo 3 de febrero.

“Queremos comunicar a nuestros compañeros gremiales del Beni que existían acercamientos con el Gobierno, ya existía una comisión de negociadores pero ya como en el mes de octubre nos han fallado hemos visto por conveniente asumir no más medidas, se ha determinado un paro de actividades con bloqueo de carreteras el día 3 de febrero”, precisó el dirigente gremial de ese departamento, Wilson Gutiérrez.

En la víspera, el máximo dirigente de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa, anunció en conferencia de prensa, que iniciará una demanda contra el SIN, en busca de un resarcimiento, por daños y perjuicios, por el cierre de comercios y puestos de venta de sus afiliados.

El anuncio lo hizo al amparo del reciente fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que señala que ningún negocio o emprendimiento podrá ser clausurado de manera definitiva, así se trate de evasión de pagos tributarios con la no emisión de facturas.

“Los gremiales hemos estado en vigilia permanente y ese fallo ha sido revertido a favor del sector gremial. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es demandar al SIN para que se vaya a resarcir todos los daños ocasionados por las clausuras que se han hecho”, señaló el dirigente.

FALLO DEL TCP

El sábado pasado se conoció el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP),  emanó un fallo que declara inconstitucional los numerales adicionales 4, 5 y 6 de la Ley 317 del Servicio de Impuestos Nacionales, y exhortó al Gobierno a emitir un nuevo reglamento de clausuras.

HUMBERTO-VACAFLOR

HUMBERTO-VACAFLORHumberto Vacaflor

El SIN informa, en cada gestión, que ha superado las recaudaciones de la gestión anterior, lo que podría entenderse como algo positivo si el criterio del gasto público no fuera el despilfarro.

Quizá sin coordinar con el gobierno, lo que sería muy extraño, el Tribunal Constitucional acaba de declarar inconstitucional la mecánica (ley 317, artículos 4, 5 y 6) por la cual el SIN clausura negocios porque alguna vez han vendido sin factura.

Los comerciantes y empresarios que eran víctimas de este procedimiento de parte del SIN (nombre que se entiende mejor en inglés) han festejado el fallo y han denunciado todo un sistema de chantaje de parte de los agentes del gobierno.

Los gremiales anuncian que iniciarán acciones legales para que el SIN pague indemnizaciones a los empresarios a los que estuvo flagelando.

Hay otro filón que el Tribunal Constitucional tendría que considerar: el de las multas que, con o sin motivo, y en algunos casos más de una vez por la misma causa, aplica el SIN.

Una fiscalización de las alegres cifras que ofrece la oficina de recaudación permitiría observar que ha crecido el porcentaje de “recaudaciones” que son producto de las multas.

Estas multas son inapelables de facto. Porque si a algún contribuyente se le ocurre apelar, entra en la lista negra y se lo atormenta con todo pretexto y con saña.

Se sabe que las oficinas de cobro de impuestos son odiadas en todo el mundo, pero la boliviana debe ser la más sañuda, porque -se vería en una auditoría- exprime a los mismos contribuyentes de siempre, a los giles que tienen la costumbre de pagar impuestos en medio de una multitud de evasores.

La OCDE acaba de poner a Bolivia entre los países con mayor recaudación tributaria respecto del PIB. Si se hiciera el cálculo respecto de la población exprimida, quizá Bolivia estaría en el primer lugar.

El Defensor del Pueblo no tiene tiempo para ocuparse de estas cosas, sobre todo en un gobierno como el actual, pero quizá pueda abrir una ventanilla que permita observar lo que pasa en las salas de tortura del SIN.

Hace falta un Defensor del Contribuyente.

El presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), José Luis Landivar. El Diario
El presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), José Luis Landivar. El Diario

La entidad con sede en Santa Cruz recomienda al Estado, alentar los emprendimientos privados de todo tamaño, de manera que sea posible generar una mayor cantidad de empleos de calidad y sostenibles en el tiempo.

El presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), José Luis Landivar. El Diario
El presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), José Luis Landivar. El Diario

El Diario.- Bolivia continúa siendo dependiente y vulnerable de las fluctuaciones de los precios de los commodities (productos) en el mercado internacional, según el presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), José Luis Landivar, quien citó como ejemplo la abrupta caída que sufren las exportaciones de minerales.

El 2013 demostró que el país ingresó a una fase declinante del benéfico efecto precio en sus ventas externas, por el inicio del agotamiento del super-ciclo económico mundial.

Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas sostiene que si Bolivia basara la expansión de su PIB solamente en la exportación de materias primas, no hubiera alcanzado un crecimiento sostenido de su economía en los últimos años y asegura que la demanda interna sigue siendo el motor que impulsa el crecimiento económico boliviano.

El IBCE aconseja que se deben establecer las bases que permitan mejorar drásticamente la competitividad del país a todo nivel, a través de “políticas de Estado” y no sólo de Gobierno.

Añade que es urgente resolver los problemas internos que limitan el despegue del sector manufacturero y agroindustrial del país, entre ellas, medidas que incentiven la inversión como mejorar la seguridad jurídica; el levantamiento de restricciones a la exportación; permitir el uso de nuevas tecnologías y la búsqueda de mercados competitivos y complementarios a su oferta real y potencial.

La entidad hace énfasis en que se debe preparar a Bolivia para la fase declinante del “super-ciclo económico”, ya que la bonanza macroeconómica puede acabar en cualquier momento.

El Diario.-El secretario ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa, anunció ayer que el sector iniciará una demanda legal contra el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) por los daños ocasionados con el cierre de negocios que no emitieron facturas, acción que -según dijo- fue declarada “inconstitucional” por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

El fin de semana, el TCP declaró “inconstitucional” el procedimiento para la clausura de negocios de los contribuyentes por parte del SIN establecida por la Ley 317 y los numerales 4, 5 y 6, que ordenaban la clausura o decomiso de mercaderías para que pasen al Ministerio de la Presidencia, según ABI.

“Luego de conocido el fallo favorable el que junto con los microempresarios exigimos, vamos a iniciar una demandar al SIN para el resarcimiento de daños que han ocasionado con estos cierres, que son contrarios a la ley porque el Tribunal así lo declaró y advirtió a Impuestos a su tiempo pero igual continuaron con las clausuras”, indicó a los periodistas.

Entre el pasado año y parte de 2014, el SIN clausuró 8.550 tiendas y puestos de venta, según la Ley 317.

Figueroa explicó que los montos de resarcimiento que solicitarán a favor de los gremiales y microempresarios serán discutidos con sus abogados.

Asimismo, destacó que el sector se encuentra ‘tranquilo’ con la decisión a la espera de que a futuro se consensue cualquier acción que involucre al gremio.

“Este es un triunfo para nosotros al igual que el fallo a favor de la tenencia de la sede social, de la ley de extinción de bienes y ahora la anulación de las clausuras”, manifestó.

El Diario.- Según el informe Competitividad Global 2013-2014 del Foro Económico Mundial, (WEF por su sigla en inglés), durante el 2013, el pilar de eficiencia del mercado de bienes en Bolivia se mantuvo en el mismo nivel que el 2012.

Si bien se situó en la posición 138, “se refleja nítidamente la elevada presión tributaria existente, sobre todo de los Impuestos a las Utilidades de las Empresas (IUE) que ha seguido una tendencia ascendente durante los últimos cinco años”, sostiene el informe que fue procesado por la Fundación Fundetic dirigida por el economista Jorge Quiroga.

El documento añade que sumada a esta situación, la falta de procedimientos para emprender negocios, no han permitido mejorar este indicador en términos de competitividad. Por el contrario, señala, estas variables están siendo muy perjudiciales para la competitividad de las empresas.

“Si bien es muy importante para el Estado Plurinacional el recaudar más impuestos que constituyen los ingresos fiscales, no se debe descuidar la merma en competitividad que se produce al ejercitar demasiada presión tributaria, sobre todo en aquellas empresas legalmente establecidas, mientras que el universo de la informalidad que no tributa, supera el 67 por ciento acorde a informes del FMI”, afirma el documento.

GOBIERNO

El presidente ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Erick Ariñez, destacó el pasado 9 de enero que el crecimiento sostenido de las recaudaciones tributarias, es producto del buen desempeño de la economía nacional, el incremento del padrón de contribuyentes, la eficiencia administrativa tributaria en el control, seguimiento, fiscalización y disminución de mora tributaria, las campañas de cultura tributaria y la creciente conciencia tributaria de los agentes económicos.

En la gestión 2013, las recaudaciones tributarias lograron un crecimiento del 22 por ciento más respecto a similar período de 2012 y cerraron con casi 46 mil millones de bolivianos, superior a lo estimado.

En ese contexto, subrayó que el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) creció en un 20 por ciento hasta llegar a Bs 11.279,9 millones, seguido del Impuesto al Valor Agregado (IVA) con similar porcentaje para una recaudación de Bs 8.587,9 millones.

COMPETITIVIDAD

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) sostiene que el 2013, el Gobierno aumentó en 15 por ciento la importación de bebidas y alimentos, lo que fue interpretado por la empresa privada, “como una política de sustitución de la producción nacional”, a contramano de la sustitución de importaciones de los años 60 que estimularon varios países de la región para iniciar la industrialización de la base productiva de las economías latinoamericanas.

La entidad privada junto a su par, la Cámara Nacional de Comercio, expresó por separado su preocupación por las señales adversas tanto económicas, jurídicas y políticas del Gobierno que provocan un aumento de los costos de la producción industrial en Bolivia.

El presidente de la CNC, Fernando Cáceres, calificó esta situación de “un cerco normativo que afecta la competitividad de la actividad empresarial”. Según el presidente de los industriales, Mario Yaffar, este marco general provoca una paulatina reducción de la competitividad industrial y desincentiva la inversión y producción nacional y agrega que por estas razones, “se viene perdiendo en el país la cultura empresarial en base a la productividad y rendimiento”. De acuerdo a los estudios de la entidad privada, el grado de industrialización de las manufacturas entre 1981 y 2013 se ha mantenido en 16.5 por ciento similar a la de hace 30 años.

MALAS SEÑALES

Los empresarios privados observaron también que el año pasado abundaron las ”señales económicas de incertidumbre”, dijo Yaffar, como “el aumento salarial decretado por el Gobierno en forma inconsulta, además del doble aguinaldo” que las empresas del sector harán efectivo hasta fines de febrero próximo.

Según la CNI estas decisiones incrementan los costos de producción. Asimismo, cuestionaron el creciente contrabando lo que genera condiciones de competencia desleal y el aumento de la informalidad. Adicionalmente los industriales del país incidieron en el congelamiento del tipo de cambio, el enclaustramiento marítimo y los paros laborales en los países vecinos (Chile).

Página Siete.- Los ingresos tributarios de los países latinoamericanos aumentaron de un 13,9 % del Producto Interno Bruto (PIB) regional en 1990 a un 20,7 % en 2012, pero aún son bajos con relación a sus ingresos nacionales con respecto a la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Bolivia ocupa el cuarto lugar en la región.

presion-fiscalLa tasa más alta corresponde a Argentina, con el equivalente al 37,3 % del PIB, seguido de Brasil (36,3 %), por encima del promedio, según un estudio de OCDE.

Después se sitúan Uruguay (26,3 %) y Bolivia está en el cuarto lugar con 26 %. Luego siguen países como Costa Rica (21,0 %), Chile (20,8 %), Ecuador (20,2 %), Colombia (19,6 %), México (19,6 %), Nicaragua (19,5 %), Panamá (18,5 %), Perú (18,1 %), Paraguay (17,6 %), El Salvador (15,7 %), Venezuela (13,7 %), República Dominicana (13,4 %) y Guatemala (12,3 %).

El informe se encuentra en las Estadísticas tributarias en América Latina 1990-2012, que fue elaborado por la OCDE, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT); toma en cuenta a 18 países de la región.

En 2013, las recaudaciones tributarias en Bolivia lograron un crecimiento del 22% con respecto a 2012 y cerraron con 45.839 millones, según el Servicio de Impuestos Nacionales.

El Gobierno atribuyó este aumento a una mayor fiscalización y a la renta petrolera.

El Decreto Supremo 1859 fue promulgado por Álvaro García Linera

(Oxígeno).- El Decreto Supremo 1859, que modifica el Código Tributario, autoriza que ‘los bienes aceptados en dación de pago’, podrán ser adjudicados de manera directa a entidades del sector público, mediante resolución emitida por la Administración Tributaria.

“Los bienes aceptados en forma de pago podrán ser adjudicados de forma directa a entidades del sector público mediante una resolución administrativa expresa, de acuerdo con normas administrativas emitidas por la Administración Tributaria”, establece  el Decreto Supremo.

La disposición señala que se podrá dejar sin efecto la adjudicación de los bienes embargados, siempre y cuando se pague la totalidad de la deuda tributaria, incluidos los gastos de ejecución ocasionados.

Según el Decreto Supremo, los bienes embargados con anotación definitiva en los registros públicos, secuestrados o aceptados en garantía, mediante prensa o hipoteca, así como los recibidos en dación, serán dispuestos en ejecución tributaria, a través de remates, subastas públicas o adjudicación directa.

El remate de bienes se realizará por la administración Tributaria en forma directa o a través de terceros autorizados para ese fin.

Asimismo, el documento aclara que los servidores públicos de la Administración Tributaria que hubieran intervenido en la ejecución del bien, ‘por sí o mediante terceros’, no podrán adquirir los bienes ejecutados.

En 2013, el Servicio de Impuestos Nacionales  embargó los bienes y maquinaria del periódico El Diario y seis aeronaves de Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), como medida de presión para que esos contribuyentes paguen sus deudas tributarias pendientes.

Un decreto promulgado por Álvaro García Linera, cuando ejercía la presidencia en ejercicio, reglamentó la figura del remate de bienes embargados, dando vía libre a la ejecución de una lista de casi 3.000 bienes anotados por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) por históricas deudas en ejecución tributaria, que no pueden hacerse efectivas por falta una disposición suprema clara.

ANF.- El Decreto Supremo 1859 del 8 de enero de 2013 reemplaza al artículo 36 del Decreto 27310 del ex presidente Carlos Mesa, que pedía una normativa expresa, requisitos, condiciones y plazos para la subasta, que ni el SIN ni las alcaldías, elaboraron, motivo por el que el MAS decidió reemplazarlo, para facilitar el remate y cumplir con el artículo 111 del Código Tributario, inaplicable hace 10 años en este tema.

Un reciente informe de Impuestos da cuenta que hasta noviembre del año pasado existen 2.940 bienes embargados, hipotecados y anotados preventivamente, de los cuales 1.377 son inmuebles, 1.214 vehículos y 349 otros bienes de contribuyentes deudores.

De hecho, dentro de esta lista, se encuentra grandes contribuyentes como El Diario, Hotel Plaza, Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), que mantienen millonarias deudas en ejecución tributaria. El Diario tiene una deuda 128 millones de bolivianos, el Hotel Plaza 86 millones y el LAB supera los 120 millones de bolivianos.

El nuevo decreto entrega al SIN la responsabilidad de elaborar una norma administrativa, que no es otro decreto sino una disposición operativa, para la ejecución del remate, destinado a recuperar otra millonaria cartera tributaria en mora.

El presidente del SIN, Erik Ariñez, dijo hace poco que la mora tributaria alcanza a 19.000 millones de los cuales, hasta ahora se recuperaron 2.000 millones. El SIN señaló que gran parte de esa mora se encuentra en esos contribuyentes que decidieron recurrir a una serie de incidentes judiciales y contenciosos administrativos para dilatar el cobro coactivo que implica el embargo, la anotación preventiva en Derechos Reales y otras disposiciones similares.

Recientemente, Ariñez manifestó que la Reglamentación ya estaba avanzada sin precisar que si se trataba del decreto en cuestión u otra norma elaborada por el Viceministerio de Política Tributaria.

El decreto, promulgado por García Linera, ordena que los bienes embargados, con anotación definitiva en los registros públicos, secuestrados, aceptados en garantía mediante prenda o hipoteca, así como los recibidos en dación de pago por la Administración Tributaria, serán dispuestos en ejecución tributaria mediante remate en subaste pública o adjudicación directa, en la forma y condiciones que se fije mediante norma administrativa.

Señala que el remate de bienes se realizará por el SIN en forma directa o a través de terceros autorizados para este fin. Los bienes aceptados en dación de pago, podrán ser adjudicados de forma directa a entidades del sector público, mediante resolución administrativa expresa de acuerdo a norma administrativa emitida por la Administración Tributaria.

exportaciones

(Marcelo Campos, El Día).- La Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), indicó que Bolivia cuenta con un potencial exportable de $us 6.870 millones para sus productos no tradicionales en los mercados más importantes del mundo. Asimismo, la institución afirma que se debe aprovechar el contexto internacional para lograr ese objetivo, mediante la eliminación de medidas como el control del mercado; bandas de precios, cupos y permisos. Otra clave, según la Cadex, es la concreción de acuerdos de asociación comercial con las potencias.

Aprovechar el contexto.
 Wilfredo Rojo, presidente de Cadex, señaló que hasta noviembre del 2013 las exportaciones han crecido 3,5% a comparación del mismo periodo del 2012, por ello las expectativas que se tiene para 2012 es de $us 12.500 millones, una cifra récord en comercio internacional para el país. Sin embargo, Rojo afirmó que aún no se está aprovechando todo el potencial exportable que ofrece el país, a mercados importantes como Estados Unidos, India, China, Corea, Unión Europea y Rusia.

“El potencial de exportaciones que tenemos es de tipo manufacturero y de alimentos. Entonces consideramos que las políticas públicas y los esfuerzos productivos deben dirigirse hacia estos sectores. Apenas aprovechamos $us 1.900 millones de todo ese potencial que tenemos”, dijo Rojo.

Por su parte,  José Alberti, analista estratégico de Cadex, comentó que un 68% de los productos exportables (Tradicionales y No Tradicionales), tienen como destino solo dos mercados; Argentina y Brasil, además que solo se envían tres productos a esos mercados; gas (72%), soya (11%) y minerales (6%).

“Esta situación nos hace un país muy vulnerable, porque si mañana le pasa algo a Argentina y Brasil, entonces nos va afectar, esto puede incidir en la realidad macroeconómica en el corto plazo.

En este marco, a noviembre de 2013, del total de las exportaciones un 82% pertenece a las materias primas (gas, mineral e hidrocarburos); mientras que apenas un 8,5% corresponde a los productos agrícolas (soya, castaña, quinua, café y sésamo; un 5% al sector agroindustrial (derivados de soya, derivados de girasol y alcohol); manufactura tiene 4,2% (joyas, textiles, cueros); industrial con 0,3% (químicos, máquinas y plásticos) y contenido tecnológico 0,01% (aparatos tecnológicos y productos farmacéuticos).

La propuesta que realiza Cadex para alcanzar estos objetivos comerciales son: acelerar el achicamiento de las brechas en infraestructura para el transporte; profundizar la integración regional a través de agregados comerciales, ruedas de negocios, misiones y ferias comerciales; negociar acuerdos comerciales con Estados Unidos, Unión Europea, India, China, Corea y Rusia; elaborar una política de industrialización sectorizada; incentivar las exportaciones No Tradicionales liberando las exportaciones; fortalecer técnica y tecnológicamente la Aduana para facilitar las exportaciones y por último, acelerar la creación de una plataforma público-privado.