Sábado, 30 agosto , 2014
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Estatismo

El presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), José Luis Landivar. El Diario
El presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), José Luis Landivar. El Diario

La entidad con sede en Santa Cruz recomienda al Estado, alentar los emprendimientos privados de todo tamaño, de manera que sea posible generar una mayor cantidad de empleos de calidad y sostenibles en el tiempo.

El presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), José Luis Landivar. El Diario
El presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), José Luis Landivar. El Diario

El Diario.- Bolivia continúa siendo dependiente y vulnerable de las fluctuaciones de los precios de los commodities (productos) en el mercado internacional, según el presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), José Luis Landivar, quien citó como ejemplo la abrupta caída que sufren las exportaciones de minerales.

El 2013 demostró que el país ingresó a una fase declinante del benéfico efecto precio en sus ventas externas, por el inicio del agotamiento del super-ciclo económico mundial.

Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas sostiene que si Bolivia basara la expansión de su PIB solamente en la exportación de materias primas, no hubiera alcanzado un crecimiento sostenido de su economía en los últimos años y asegura que la demanda interna sigue siendo el motor que impulsa el crecimiento económico boliviano.

El IBCE aconseja que se deben establecer las bases que permitan mejorar drásticamente la competitividad del país a todo nivel, a través de “políticas de Estado” y no sólo de Gobierno.

Añade que es urgente resolver los problemas internos que limitan el despegue del sector manufacturero y agroindustrial del país, entre ellas, medidas que incentiven la inversión como mejorar la seguridad jurídica; el levantamiento de restricciones a la exportación; permitir el uso de nuevas tecnologías y la búsqueda de mercados competitivos y complementarios a su oferta real y potencial.

La entidad hace énfasis en que se debe preparar a Bolivia para la fase declinante del “super-ciclo económico”, ya que la bonanza macroeconómica puede acabar en cualquier momento.

Marcelo Zabalaga, Presidente del BCB y Luis Arce, Ministro de Economía; ayer en el BCB. Foto: El Deber
Imagen de Archivo: Marcelo Zabalaga, Presidente del BCB y Luis Arce, Ministro de Economía; en el BCB. Foto: El Deber

ANF.- Hasta diciembre de 2013, el Banco Central de Bolivia (BCB) autorizó el desembolso de al menos 840 millones de dólares para el desarrollo de tres proyectos de industrialización de hidrocarburos, según el informe del Viceministerio de de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos.

En el caso de la Planta de Urea y Amoniaco, a diciembre de 2013, se han autorizado quince desembolsos a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un monto total de 284,7 millones de dólares, que representa un 33 por ciento del total del crédito”, señala el documento de esta entidad.

En septiembre de 2012, YPFB firmó el contrato con la empresa surcoreana Samsung Engineering para la construcción de la Planta de Amoniaco y urea. El proyecto tendrá un costo de 843,9 millones de dólares y es financiado por un crédito del BCB.

Entre uno de los productos que se obtendrá del procesamiento del gas natural, es la urea que es utilizada como fertilizante por el agro. “El proyecto tiene un avance físico del 19,8 por ciento a diciembre de 2013″.

Respecto a la Planta de Separación de Líquidos Gran Chaco, a diciembre de 2013, se ha desembolsado un monto total de 446,8 millones, que representa un 73,4 por ciento a diciembre de 2013. El proyecto tiene un avance físico del 67,5% de 2013″, según el reporte.

La planta será construida por la empresa española Técnicas Runidas y tendrá un costo total de $us 498,6 millones. La planta procesará un máximo de 32 millones de metros cúbicos por día (MMmcd) de gas natural y producirá 2.037 toneladas métricas diarias (TMD) de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y al menos 2.087 barriles por día (BPD) de gasolina natural.

El tercer proyecto está dirigido a planes en las dos refinerías que son operadas por YPFB, Guillermo Elder Bell y Gualberto Villarroel. “A diciembre de 2013, se ha autorizado el desembolso de un monto total de 756 millones de bolivianos (al menos $us 108,6 millones), que representa un 72 por ciento del total del crédito”.

El año anterior, la Fundación Jubileo señaló que no todos los planes anunciados por el gobierno pueden ser considerados como proyectos de industrialización como la Planta Separadora de Líquidos de Río Grande o de Gran Chaco. Sumados los tres montos de los proyectos desarrollados por YPFB con financiamiento del BCB la cifra alcanza a unos 840,1 millones de dólares.

Correo del Sur, ANF.- La exgerente regional del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) en Chuquisaca, María Iris Gutiérrez, fue aprehendida y recluida en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de esta capital acusada de supuestos hechos de corrupción cuando ejercía el cargo hasta el pasado año.

En la noche, la detenida fue conducida a una audiencia de medidas cautelares para determinar su situación, la que finalmente dispuso su detención preventiva en la cárcel de San Roque, según informó a este medio el diario Correo del Sur.

En la audiencia, la Fiscalía emitió un requerimiento de imputación. El fiscal departamental de Chuquisaca, Roberto Ramírez, señaló que la exgerente es investigada por supuestos cobros irregulares en Impuestos Nacionales y al haber riesgos procesales de posible fuga y para garantizar la investigación, la Fiscalía emitió una orden de aprehensión que fue ejecutada el miércoles.

El abogado de Gutiérrez, Adrián Zárate, admitió que, evidentemente, se emitió la orden de aprehensión y la defensa tiene todo el descargo de pruebas para pedir lo que en derecho corresponda para la exfuncionaria que guarda detención en celdas de la Felcc.

Ante la consulta de los medios locales, el abogado señaló que Gutiérrez es investigada por hechos vinculados a la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz de Lucha contra la Corrupción.

“Las autoridades competentes son las llamadas a disponer cualquier medida cautelar pero en ese caso, nosotros estamos en etapa de investigación y viendo lo que corresponda a la defensa”, señaló Zárate.

Foto: ABI

ERBOL.- En seis años de funcionamiento, la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), conducida por la administración estatal, permanece estancada y hasta la fecha no generó utilidades por problemas logísticos, reveló Juan Mostajo, gerente de Infraestructura y Fiscalización.

“Todavía no (se está generando utilidades), mientras no se consolide los procesos de negociación con las empresas interesadas en la compra del mineral (del hierro)”, afirmó el funcionario.

Mostajo manifestó que el Estado boliviano no está en condiciones de invertir en el equipamiento logístico por lo que pretenden que empresas extranjeras se interesen en el transporte del mineral a los mercados del ultramar.

“El problema logístico es el que nos tiene atado. El Gobierno está muy preocupado, precisamente, por eso es que ha asignado un presupuesto de 10 millones de dólares para hacer el mejoramiento del acceso (vial) entre Mutún y Puerto Busch”, argumentó. El hierro del Mutún se exportará una vez que la carretera ya esté habilitada y haya la disponibilidad de barcazas para evacuar el mineral que el mismo demandará la espera de al menos un año, de acuerdo con la explicación.

Evo admite retraso en proyecto del Mutún

ANF.- El presidente Evo Morales reconoció que existe retraso en el proceso de industrialización del 50 por ciento de las reservas de hierro del Mutún, que corresponde al Estado y operado por la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM).

El Mandatario enfatizó que este año deberá arrancar la industrialización en 50 por ciento de las reservas del Mutún que le corresponde al Estado; “Me da vergüenza mandar en materia prima (hierro) y comprar hierro para la construcción (y) material de construcción, eso tiene que terminar”, dijo.

“Así como vamos a exportar desde el próximo año fertilizantes, debemos estar exportando materiales de construcción de hierro, ésa es la meta, estamos atrasados (lo) reconocemos”, afirmó Morales.

El otro 50 por ciento de las reservas de hierro del Mutún fue concesionado a la empresa Jindal Steel Bolivia (JSB) que por incumplimiento de inversión y por determinación del Gobierno, decidió retirarse del proyecto. La resolución del contrato firmado entre la compañía india y el Estado boliviano debe resolverse, a través de un arbitraje en Bolivia.

El gerente de Infraestructura y Fiscalización de la ESM, Juan Mostajo, mencionó que el año anterior se exportó al menos 15.000 toneladas métricas (TM) de hierro desde Puerto Suárez, Santa Cruz.

economic freedom
Créditos imagen. Heritage Foundation

Índice elaborado por The Heritage Foundation y The Wall Street Journal ubicó al país en el puesto 158 a nivel mundial. Chile encabeza el ranking regional, seguido de Colombia y Uruguay.

Economía Bolivia.- Bolivia ocupó la posición 25 en América Latina y el 158 a nivel mundial en el Índice de Libertad Económica 2014, elaborado por The Heritage Foundation y The Wall Street Journal.

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El país retrocedió dos escalones en el ranking mundial respecto a la medición previa. Esta medición ubicó a Bolivia en el rango de “economía reprimida”, entendiéndose como represión a férreo, ineficiente y/o corrupto control del Estado sobre la economía. El índice -que este año cumplió su 20º aniversario- cubre a 186 países en seis regiones.

Chile mantuvo su liderazgo en la región como la economía más libre, muy por delante de vecinos como Perú, Brasil y Argentina, y es la séptima a nivel mundial, con lo que superó a grandes países como Estados Unidos. Por el otro lado se encuentran Bolivia, Ecuador, Venezuela y Argentina, muy cerca de países como Cuba.

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Para medir la libertad económica, el índice analizó el compromiso con el Estado de derecho, principios de un gobierno limitado, eficiencia regulatoria y apertura de mercados.

De esa manera, Bolivia logró un puntaje de 48.4 puntos (de un máximo de 100), lo que representa una caída de 0.5 puntos respecto a la medición anterior, debido a un descenso en libertad laboral, empresarial y fiscal, lo que se vio compensado por una mejora en la libertad de inversión y mejora en el índice de corrupción; aunque este último sigue siendo uno de los puntos más débiles a la hora de medir la libertad de la economía boliviana.

Colombia se ubicó en el segundo país de la región en estar entre las naciones con economías más libres, con un ascenso de tres puestos al lugar 34 con 70.7 puntos, su mayor puntaje en la historia del índice.

Uruguay, en tanto, ocupó la cuarta casilla en América Latina y el 38 a nivel mundial. Brasil, la primera economía de la región, se desplomó 14 lugares al puesto 114.

Apuntes sobre la libertad económica en Bolivia, según Heritage Foundation

Bolivia era una economía “moderadamente libre ” durante los primeros 10 años del índice, pero ha estado en una espiral descendente de la libertad económica desde 2005. Durante los últimos dos años Bolivia pasó a las filas de los países con economía “reprimida”.

Durante los 20 años de historia del índice, la libertad económica de Bolivia ha empeorado en 8,5 puntos, la sexta peor caída puntuación. Descensos significativos se han producido en seis de las 10 aspectos que se basa el índice para medir las libertades económicas ; en particular los derechos de propiedad y la libertad de inversión , cuyos resultados se desplomaron 40 y 55 puntos, respectivamente . Eficiencia regulatoria, medida a través de la libertad de empresa , la libertad de trabajo y la estabilidad monetaria, también ha disminuido en gran medida como una injerencia del Estado en la economía ha crecido .

Bolivia era una economía “moderadamente libre ” durante los primeros 10 años del índice, pero ha estado en una espiral descendente de la libertad económica desde 2005. Durante los últimos dos años Bolivia pasó a las filas de los países con economía “reprimida”. Los bolivianos están sufriendo en un clima de creciente subyugación económica. Los altos precios de las materias primas han impulsado recientemente un fuerte crecimiento económico, pero el desarrollo económico a largo plazo sigue siendo frenado por las deficiencias institucionales.

El ex presidente del Banco Central de Bolivia, Armando Méndez Morales/ Foto Fides

El ex presidente del Banco Central de Bolivia, Armando Méndez Morales/ Foto FidesArmando Méndez Morales

El denominado periodo “neoliberal” en Bolivia no modificó el modo de pensar de los bolivianos. Ya desde los años 30 del siglo pasado, intensificado bajo el denominativo de la “revolución nacional” en los años 50, llevado a su cenit en el primer gobierno de Hugo Banzer en los años 70, en Bolivia la gente espera todo del Estado. La gente cree que es bueno que haya empresas estatales. Pero no solo esto, sino que también espera que el Estado sea el responsable de crear empleo para la gente. Esta es la conclusión de la interesante “Segunda Encuesta del área metropolitana de Cochabamba, Ciudadanía y Foro Regional”, de Diciembre del año 2013.

Ante la pregunta: ¿Cuán de acuerdo están los bolivianos en que el Estado sea el propietario de las grandes industrias? se puede decir que mayoritariamente la gente está de acuerdo. Un 52,3 por ciento, unos con más entusiasmo que otros, son lo que apoyan frente a un porcentaje menor (47,8%) que no, también con distinto grado de entusiasmo.

Esta visión ideológica estatista en Bolivia se la confirma mucho más cuando esa encuesta pregunta si el Estado debe ser responsable, más que la empresa privada de crear empleos. Un abrumador 89 por ciento, con distintos grados de entusiasmo, declara su conformidad, frente a un minoritario 11 por ciento que no.

La privatización de las empresas públicas que se hicieron en el periodo “neoliberal”, que con sorprendente rapidez el gobierno del Presidente Morales la revirtió, no sólo significa que la famosa “capitalización” de las grandes empresas públicas, durante el gobierno de Sánchez de Lozada, fue muy mal hecha, sino que esa determinación no fue la consecuencia de una decisión nacional, producto de la evolución política del pueblo boliviano, sino fue el resultado del cambio de política crediticia en el seno de los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial y el BID, que decidieron no dar más créditos a las empresas públicas en América Latina. En esta situación, no había otra opción para que sobrevivan las empresas públicas. O se privatizaban o se cerraban. El gobierno de esos tiempos salía del trauma que había significado la hiperinflación de los años ochenta, por lo que el Banco Central no estaba en condiciones de ser el ente financiero de las empresas públicas. En este contexto, no quedaba otra opción que su privatización.

El gobierno del Presidente Morales ha retornado a la visión estatista de la economía y con apoyo de la gente. El Banco Central de Bolivia, que dispone como nunca de abundantes recursos, ya ha otorgado créditos a las empresas públicas por más de 1,500 millones de dólares.

exportaciones

(Marcelo Campos, El Día).- La Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), indicó que Bolivia cuenta con un potencial exportable de $us 6.870 millones para sus productos no tradicionales en los mercados más importantes del mundo. Asimismo, la institución afirma que se debe aprovechar el contexto internacional para lograr ese objetivo, mediante la eliminación de medidas como el control del mercado; bandas de precios, cupos y permisos. Otra clave, según la Cadex, es la concreción de acuerdos de asociación comercial con las potencias.

Aprovechar el contexto.
 Wilfredo Rojo, presidente de Cadex, señaló que hasta noviembre del 2013 las exportaciones han crecido 3,5% a comparación del mismo periodo del 2012, por ello las expectativas que se tiene para 2012 es de $us 12.500 millones, una cifra récord en comercio internacional para el país. Sin embargo, Rojo afirmó que aún no se está aprovechando todo el potencial exportable que ofrece el país, a mercados importantes como Estados Unidos, India, China, Corea, Unión Europea y Rusia.

“El potencial de exportaciones que tenemos es de tipo manufacturero y de alimentos. Entonces consideramos que las políticas públicas y los esfuerzos productivos deben dirigirse hacia estos sectores. Apenas aprovechamos $us 1.900 millones de todo ese potencial que tenemos”, dijo Rojo.

Por su parte,  José Alberti, analista estratégico de Cadex, comentó que un 68% de los productos exportables (Tradicionales y No Tradicionales), tienen como destino solo dos mercados; Argentina y Brasil, además que solo se envían tres productos a esos mercados; gas (72%), soya (11%) y minerales (6%).

“Esta situación nos hace un país muy vulnerable, porque si mañana le pasa algo a Argentina y Brasil, entonces nos va afectar, esto puede incidir en la realidad macroeconómica en el corto plazo.

En este marco, a noviembre de 2013, del total de las exportaciones un 82% pertenece a las materias primas (gas, mineral e hidrocarburos); mientras que apenas un 8,5% corresponde a los productos agrícolas (soya, castaña, quinua, café y sésamo; un 5% al sector agroindustrial (derivados de soya, derivados de girasol y alcohol); manufactura tiene 4,2% (joyas, textiles, cueros); industrial con 0,3% (químicos, máquinas y plásticos) y contenido tecnológico 0,01% (aparatos tecnológicos y productos farmacéuticos).

La propuesta que realiza Cadex para alcanzar estos objetivos comerciales son: acelerar el achicamiento de las brechas en infraestructura para el transporte; profundizar la integración regional a través de agregados comerciales, ruedas de negocios, misiones y ferias comerciales; negociar acuerdos comerciales con Estados Unidos, Unión Europea, India, China, Corea y Rusia; elaborar una política de industrialización sectorizada; incentivar las exportaciones No Tradicionales liberando las exportaciones; fortalecer técnica y tecnológicamente la Aduana para facilitar las exportaciones y por último, acelerar la creación de una plataforma público-privado.

El ex presidente del Banco Central de Bolivia, Armando Méndez Morales/ Foto Fides

El ex presidente del Banco Central de Bolivia, Armando Méndez Morales/ Foto FidesArmando Méndez Morales

La CEPAL en su reciente informe: “Balance Preliminar de las economías de América Latina y el Caribe”, correspondiente al año 2013, ha publicado en uno de sus cuadros estadísticos anexos se encuentra un dato sobre Bolivia que debería inquietar a todos. El notorio incremento del gasto público en estos últimos años. Sin considerar a las empresas públicas, este gasto representa el 39 por ciento del PIB para 2013, cuando el año 2010 significaba el 31 por ciento.

Bolivia ocupa el primer lugar en Sud América y el segundo si se considera a toda la región, superada sólo por Cuba, que se mantiene en primer lugar con un 42 por ciento del PIB, pero contrariamente a Bolivia presenta una reducción, en este mismo periodo, ya que en 2010 representaba el 49 por ciento. Esto refleja el paulatino retorno de Cuba al capitalismo liberal.

Es importante diferenciar el Presupuesto del Estado, que anualmente y formalmente se lo aprueba, con el presupuesto ejecutado. En relación a cómo se distribuye los recursos públicos es importante hacer algunas disquisiciones. En primer lugar es menester distinguir los sectores que componen un gobierno cualquiera y que son: el gobierno central, instituciones descentralizadas y regiones. La agregación de estos se denomina Gobierno General.

El Ministerio de Economía y de Hacienda define como parte del gobierno central a todas las entidades descentralizadas, a las universidades y al Tesoro General de la Nación (TGN). Al incluir al TGN como parte del gobierno incorpora todas las transferencias que el gobierno realiza a las regiones. En verdad el TGN no es una entidad que recibe recursos, simplemente es el receptor y pagador de los recursos públicos.

Una forma más adecuada de presentar el Presupuesto del Estado Boliviano, tanto en la forma de aprobación como de ejecución, es hacerlo en las siguientes cuatro categorías: Gobierno Central propiamente dicho, entendido como la suma del Organo Ejecutivo, Organo Legislativo y Organo Judicial; entidades descentralizadas, empresas públicas, y regiones (departamentos, municipios y universidades).

Con información que registra el SIGMA del Ministerio de Economía y Hacienda para 520 entidades públicas- excluyendo el TGN- y para el año 2012, se concluye que el presupuesto agregado y aprobado inicialmente estuvo en el orden de los 126 mil millones de bolivianos, monto muy alejado con el que cerró el año, que fue de 180 mil millones. Esto implica que el presupuesto que aprueba el Congreso Nacional, a principios de gestión, no pasa de ser una simple formalidad.

Con la misma información aludida en el párrafo anterior, se concluye que el presupuesto ejecutado, que es el que interesa porque se refiere al verdadero monto que se gasta, únicamente alcanzó a 141 mil millones, lo que representa un 12 por ciento más del inicialmente aprobado, pero sólo el 78 por ciento del presupuesto final para la gestión. Este ejecutado final difiere en su composición institucional del inicialmente aprobado por el Congreso, lo que ratifica que la aprobación congresal del presupuesto es una formalidad, y no como se podría pensar, consecuencia de la negociación política de los “representantes del pueblo”.

Del presupuesto total ejecutado se debe destacar lo siguiente: El 57 por ciento correspondió a las empresas públicas. Si excluimos a las empresas del análisis se concluye que el presupuesto ejecutado tuvo la siguiente composición: El primer lugar ocupan las regiones con un 60 por ciento del total, le sigue en importancia las entidades descentralizadas y luego el gobierno central, cada uno, con un 20 por ciento del total.

El análisis efectuado permite las siguientes conclusiones. Hoy las empresas públicas (sobre todo YPFB) han vuelto a ser lo fundamental en el presupuesto público. Sin embargo, este hecho puede no estar reflejando la realidad económica del país, porque la actividad hidrocaburífera sigue en manos de las transnacionales – en buena hora- porque la última “nacionalización” del sector, en verdad fue un cambio de contratos. Excluido este sector, se debe destacar que los recursos públicos se gastan principalmente en las regiones y no en la actividad del gobierno central, hecho que está creciendo significativamente, como indica CEPAL.

La gente no se percata que en la práctica los recursos públicos dominantemente ya están en las regiones y hace rato. El encargado de hacer llegar estos recursos es el TGN, que presupuestariamente se lo cataloga como parte del gobierno central, cuando simplemente es un recaudador y pagador y no un ente presupuestario. De esta manera lo que se hace es abultar el presupuesto del Gobierno Central.

El problema es otro. Se viene un año electoral. ¿Será que Evo Morales para asegurar su reelección “tirará la casa por la ventana” durante el año 2014 aumentando el gasto público en dos puntos porcentuales del PIB, como, en Venezuela, lo hizo Hugo Chávez el año 2012 con relación al año anterior, lo que le permitió su reelección? Se ubicaría en un 41 por ciento del PIB, muy cerca a Cuba.

Armando Méndez es economista, expresidente del Banco Central de Bolivia

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(Hans Soria, Los Tiempos).- El Estado, a través de YPFB, tiene menos del 50% de acciones en las empresas YPFB Andina, dedicada a la exploración y producción de hidrocarburos, y en Transierra, de transporte de hidrocarburos por ductos, según datos oficiales de la Bolsa Boliviana de Valores. La situación, según analistas, no se adecua a la recién aprobada Ley de la Empresa Pública y a la Constitución.

Hasta el 31 de noviembre pasado, el Estado tenía en YPFB Andina solamente el 50,40 por ciento del paquete accionario; Repsol YPFB Bolivia el 48,9 por ciento, y “otros” el restante 0,55 por ciento, según datos oficiales de la Bolsa Boliviana de Valores, disponibles en el portal hidrocarburosbolivia.com.

Al Estado le faltaría acceder al 0,60 por ciento para detentar el 51 por ciento de las acciones para constituirse y ser reconocida como empresa pública mixta tal como establece la Ley de la Empresa Pública, comentaron especialistas en hidrocarburos que prefieren no identificarse.

Los analistas comentaron que en este caso YPFB, a nombre del Estado, tendría que negociar con Repsol YPFB Bolivia y el resto de accionistas minoritarios la transferencia, adquisición o compra del porcentaje para hacerse del 51 por ciento que la ley establece.

En el supuesto de que Repsol y los socios minoritarios no estén dispuestos en perder hegemonía accionaria y ceder su participación al Estado, el Gobierno se vería obligado a tomar una medida más drástica como expropiar o nacionalizar.

La situación sería inevitable ya que la ley establece que YPFB debe hacer todo lo necesario para hacerse del 51 por ciento, como mínimo, del paquete accionario de YPFB Andina, a fin de dar cumplimiento al parágrafo 2, del artículo  363 de la Constitución Política del Estado (CPE), para convertirse, posteriormente en Sociedad Económica Mixta.

En el caso de Transierra, la situación se presenta un tanto más complicada, considerando que el 44,50 de acciones corresponde a Petrobras Bolivia Inversiones; el 44,50 por ciento a YPFB Andina y el 11 por ciento restante a la empresa francesa Total E&P Bolivie.

Al respecto se tiene información extraoficial de que YPFB ya negoció la transferencia de un porcentaje del paquete accionario que requiere para hacerse del 51 por ciento, situación que no pudo ser confirmada ni negada por Petrobras, que ayer no respondió a sus teléfonos en La Paz.

Las fuentes informaron que YPFB no tiene acción alguna en Transierra, sino a través de YPFB Andina, que domina el 50,40 por ciento de acciones. Así, el Estado tendría sólo 22 por ciento de Transierra y se vería obligado a negociar con Petrobras y Total la transferencia de algo más del 30 por ciento.

La nueva Ley de la Empresa Pública establece que YPFB Corporación deberá definir la situación que Transierra adoptará dentro de la estructura de la Corporación, estableciendo su condición de subsidiaria o de inversión permanente.

“Vice” pide despreocuparse

Tras cuestionamientos del sector empresarial a la Ley de la Empresa Pública, el vicepresidente Álvaro García pidió ayer a este sector no sentirse susceptible, pues no habrá una competencia desleal para el desarrollo productivo con esta normativa.

La ley promulgada el pasado jueves generó preocupación, por ejemplo, en los industriales privados, pues, en su criterio, profundiza el camino hacia el “estatismo en la economía”, además de que potenciaría a las empresas públicas.

“El Estado no es ni competencia ni obstáculo para el sector privado, el Estado es su apoyo, su acompañante y su protector, por lo tanto no debería haber ninguna susceptibilidad de ningún dirigente”, afirmó García.

Asimismo, García Linera dijo que el Estado protege al sector privado, por ejemplo en la “subvención” a la energía eléctrica en aproximadamente 15 por ciento, lo que evita “grandes gastos” al sector.

La Paz. Foto: REUTERS/David Mercado

Mario Yaffar, Presidente de los industriales

“Habrá tratamiento jurídico desigual”

(Página Siete).- Preocupa al sector la aprobación de la Ley de la Empresa Pública, que otorga vía libre para que las compañías públicas puedan realizar diversas actividades, tanto en sectores estratégicos como no estratégicos de la economía.

El Estado incursionará bajo el concepto de carácter social en todas las actividades de la economía, generando una competencia asimétrica para las empresas privadas formalmente establecidas.

La empresa estatal mixta, la empresa mixta y la empresa estatal intergubernamental aplicarán la Ley de Empresas Públicas y las regulaciones del Código de Comercio para la sociedad de economía mixta.

Y la empresa pública seguirá operando con normas específicas para empresas públicas; en cambio, la empresa privada seguirá trabajando con el Código de Comercio. Habrá un tratamiento jurídico desigual.

Si bien rendirán cuentas en audiencias públicas, no se especifica si habrá balances y estados financieros, lo cual es fundamental para conocer el desempeño de una compañía.

Jorge Zogbi – Exsuper tributario

(El Deber).-Hay algo que llama la atención en la ley, y es que ha sido promulgada un día después de Navidad, cuando toda la gente está pensando en vacaciones, las fiestas y Año Nuevo. No sé si tiene algún significado esto.

Segundo, el acto se dio en el hall del Palacio, como si se tratara de una ley realmente importante. Hay que ver el detalle del contenido de la nueva ley. Sin embargo, la norma es interesante. Al ser empresas productivas -si bien el Estado es el propietario-, el lugar que les corresponde es el ámbito jurídico de las empresas de comercio. Se medirá con la misma regla a todas las empresas. En lo laboral desconozco el tratamiento que se les pueda dar. No se sabe si estarán en la Ley General del Trabajo con todos los beneficios sociales que corresponde.

Reitero, no tengo pleno conocimiento de la normativa, pero la Ley de la Empresa Pública puede evitar que estas rindan cuentas sobre los recursos que utilicen.

Además, los funcionarios públicos podrían pasar a ser empleados que estén amparados por la Ley General del Trabajo y ya no por el Estatuto del Funcionario Público. Hay que analizar en detalle toda la norma. Sin duda habrá un control social gubernamental sobre las empresas.

(El Día).- La diputada de Convergencia Nacional (CN), Norma Piérola advirtió que la Ley de empresas públicas evitará que las mismas puedan rendir cuentas sobre los recursos que utilicen, además que los funcionarios pasarán a ser empleados comunes amparados por la Ley General del Trabajo y ya no por el Estatuto del Funcionario Público. “No van a rendir informes con la Ley SAFCO siendo recursos estatales, no se quieren identificar ni siquiera con la Contraloría para que se pueda hacer un seguimiento al gasto correspondiente”, manifestó Piérola a tiempo de cuestionar que las estatales a la fecha no rindieron cuentas a la Contraloría.

(El Día).- En este marco, el economista Germán Molina, explica que las empresas públicas que pasen a regirse bajo el Código de Comercio, realizarán muchas de sus actividades de igual manera que las empresas privadas, además que para mejorar su producción podrán recurrir a la Bolsa Boliviana de Valores o a créditos del sistema financiero. “El Estado está incrementando su participación en las actividades económicas del país, entonces se requería una ley de producción. Esta experiencia se ha realizado en países como Argentina, Brasil, México, Uruguay. Con esta ley podrán agilizar sus ejecuciones, pero también se someterán a auditorias externas como medio de control”, dijo Molina.

(ANF).- Villegas, Presidente de YPFB:  Nueva ley obliga a empresas públicas a adecuarse al código de comercio y “deroga” la ley Safco

Así lo aseveró el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, cuya entidad adecuará sus funciones administrativas, financieras, contables y otras a lo que establece este Código, que tiene el objetivo de regular las relaciones jurídicas derivadas de la actividad comercial.