Nueva ley de bancos está a la vista en Bolivia

Nueva ley de bancos está a la vista en Bolivia

armando mendezArmando Méndez

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de servicios financieros, que pasa a la Cámara de Senadores. Luego el presidente Evo Morales la promulgará, con lo que esta norma remplazará a la vigente Ley de Bancos y Entidades Financieras Nº 1488, de abril de 1993, que a su vez abrogó la primera Ley de Bancos de 1928.

La todavía vigente ley de bancos, inicialmente en su art. 42, no era taxativa en cuanto a la libertad de las tasas de interés tanto para operaciones de crédito como de depósitos.
Solo facultaba a las entidades financieras cobrar y pagar intereses, ya sean fijas o variables. Esta libertad entró en vigencia con el famoso DS 21060.

Recién el 2001, por ley, se precisó este artículo en los siguientes términos: “Las tasas de interés activas y pasivas de las operaciones del sistema de intermediación financiera, así como las comisiones y recargos por otros servicios, serán libremente pactadas entre las entidades de intermediación financiera y los usuarios. Las entidades de intermediación financiera no podrán modificar unilateralmente los términos, tasas de interés y condiciones pactadas en los contratos”

Con la nueva ley se presenta un cambio fundamental en este aspecto. El art. 59 determina: “Las tasas activas serán reguladas por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado mediante decreto supremo”, estableciendo límites máximos para el crédito al sector productivo y vivienda de interés social. También se determina que se ‘podrán’ establecer tasas mínimas para los depósitos.

Créditos al sector productivo

El primer problema que tiene que resolver el Gobierno al momento de emitir un decreto para regular estas tasas máximas de interés es precisar qué es lo que se va a entender por crédito “al sector productivo y a la vivienda de interés social”.

Es importante recordar que cuando en economía se habla de PIB, como la agregación de valor de todo lo que una economía produce, se está englobando tanto bienes como servicios, porque la actividad económica es la producción de bienes y servicios.

En este entendido, tanto el que produce un bien industrial es tan productivo como el comerciante o el transportista que produce un servicio. Es importante destacar que la tendencia mundial es hacia la expansión de la producción de servicios más que de bienes.

La información económica que se dispone para el país confirma lo antes señalado.
Mientras a principios de los años 50 del siglo pasado el sector servicios representaba el  34% del PIB, hoy representa el 47%. Para América Latina, con datos de Cepal, se puede decir que el sector servicios representa el 64% del PIB regional.

Si vemos la composición del crédito del sistema en su conjunto, con información básica que publica la ASFI en su página web, para marzo de este año se tiene el siguiente panorama. El 48% del crédito se dirige a la producción de servicios, el 42% a la producción de bienes y el resto a financiar consumo. Si se ve a cada institución financiera por separado, la estructura varía.

Considerando solo a bancos, se observa que la financiación a la producción de bienes se mueve en un intervalo donde el máximo es del 71%, del total de créditos, y el mínimo del 27% también del total. Cabe la pregunta ¿Cómo se puede asignar cuotas de crédito o composición de cartera cuando las entidades financieras tienen diversos “nichos de mercado”?

En este escenario, ¿cómo se pueden definir niveles mínimos de cartera? ¿Será un mínimo para todas las entidades financieras? ¿Será diferentes según sea banco, microfinanciera, mutual o cooperativa? ¿O será una norma para cada entidad financiera, en particular, para tomar en cuenta su especialidad y nicho de mercado?

Los niveles mínimos

Según el art. 66 del proyecto de ley, el Gobierno tiene la potestad, por medio de la promulgación de un decreto supremo, de definir niveles mínimos de cartera de créditos a sectores de la economía que el Gobierno así vea por conveniente. El art. 67 determina que estos mínimos serán para los créditos de vivienda de interés social y del sector productivo, “principalmente en los segmentos de la micro, pequeña y mediana empresa urbana y rural, artesanos y organizaciones económicas comunitarias”.

En 1988 realicé una investigación -que hoy retoma actualidad- con el título: Crédito Refinanciado. Necesidad de una Nueva Política Crediticia, en la que concluía que la “selectividad del crédito” a tasas de interés preferenciales, que se habían aplicado en Bolivia hasta entonces, bajo el argumento de priorizar el desarrollo económico, había sido un fracaso. En la práctica, esta direccionalidad del crédito se llevó a cabo por decisiones gubernamentales circunstanciales y que benefició a gente vinculada al poder político.

Este artículo fue publicado originalmente en el diario El Deber