Una nueva ley de bancos

Una nueva ley de bancos


Editorial Página Siete

El plenario de la Cámara de Diputados ha iniciado esta semana el debate sobre el proyecto de Ley de Servicios Financieros, también conocida como ley de bancos, que reemplazará la norma actual. La discusión de la ampulosa ley proseguirá la próxima semana. La norma propuesta tiene el espíritu típico de quienes conducen los destinos del país en los tiempos actuales: es claramente intervencionista, lo que se demuestra en el hecho de que es un cuerpo legal de la friolera de 551 artículos; y mientras intenta obsesivamente controlar algunas actividades, deja de lado el campo de las reformas y avances tecnológicos, por ejemplo, que es un tema de alta importancia.

Todos los sectores de la economía deben ser regulados y en ese sentido la banca, que ha recibido críticas, no está exenta de ello, pero si se eligen los mecanismos equivocados, las consecuencias pueden ser negativas.

La función principal de la banca es ser intermediaria entre quienes tienen recursos disponibles y quienes solicitan parte de esos fondos. Existen, internacionalmente, diversos tipos de intermediarios financieros, y los bancos -como instituciones de depósito- son los más conocidos.

Los bancos, al ser intermediarios, cumplen dos acciones centrales para la economía: la captación de recursos y la posterior colocación, que hace ingresar el dinero en la economía a través de créditos, destinados teóricamente a alentar las actividades económicas. Al prestar dinero, para pagar sus costos y tener una rentabilidad, la banca cobra un interés a quienes lo solicitan; y, a la vez, paga una rentabilidad (menor a la anterior) a quienes realizan sus depósitos.

En ese sentido, la norma que se debate en la Asamblea Legislativa tiene varios problemas, pero especialmente dos: primero, que fijará las tasas de interés de los bancos para ciertos sectores y, segundo, que ordenará distribuir créditos a dos áreas: vivienda y lo que la ley denomina “productivas”.

Ambos temas son preocupantes. Que el mercado (no una autoridad administrativa) establezca las tasas le da al sistema una transparencia necesaria y rangos razonables de rentabilidad, imprescindibles para que cualquier sector privado funcione adecuadamente. Esas tasas, que han estado muy bajas para los ahorristas en los últimos años, siguiendo una tendencia internacional, podrían sin duda subir en los próximos años; si la tasa activa, es decir la que se cobra a quienes toman un crédito, no puede subir en la misma proporción, se reducirá la utilidad de los bancos y éstos podrían perder buena parta de su capacidad de acción.

Sobre la asignación de créditos a clientes determinados, son los banqueros los que mejor conocen cuáles de ellos (y cuáles no) son los que presentan mejores proyectos desde el punto de vista de la rentabilidad. Si un administrador del Estado fija aquello con valoraciones que no toman en cuenta como primera prioridad la salud de un proyecto, existe el riesgo real de que muchos de ellos terminen fracasando y, por lo tanto, sin capacidad de pago a los bancos. En ese escenario, el sistema financiero, en primer lugar y con razón, responsabilizará al Gobierno del problema; segundo, si la situación se extiende, afectará la salud de los bancos de una manera peligrosa, que podría contaminar al resto de la economía. Así que forzar a los bancos a distribuir recursos a determinadas “áreas productivas” (una definición que está en duda en estos tiempos) podría generar una cura peor para la enfermedad.

La Ley de Servicios Financieros ha estado motivada, aparentemente, más por razones ideológicas que prácticas: el sistema bancario boliviano funcionaba, antes de la actual propuesta de ley, con eficiencia y normalidad, con bajísima mora y una cartera diversificada. La intencionalidad del Gobierno parece ser, más que ayudar a la generación de nuevas actividades económicas, controlar y reducir las ganancias de un sector que ve como adversario.